El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, avanzó ayer que dicho pronunciamiento se producirá el mismo día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha convocado una vista para debatir si la violación y asesinato de la joven Marta del Castillo son juzgados por un jurado popular, según lo previsto en principio, o por un tribunal profesional, como acordó el magistrado presidente.
García Calderón manifestó que la Fiscalía Superior de Andalucía mantendrá “la necesidad de acomodar el procedimiento a la ley del jurado” e indicó que lo explicará en un comunicado “de forma comprensible para la ciudadanía”.
No obstante, en declaraciones a los periodistas tras firmar un convenio con la Junta para combatir la siniestralidad laboral, indicó que lo que interesa es que se celebre el juicio oral y “cuanto antes obtener una sentencia de un hecho tan terrible”.
En este sentido, recordó que el Ministerio Fiscal en casos como el de Marta del Castillo o el de la niña Mari Luz Cortés ha sostenido que el cauce procedimental es una “cuestión secundaria y lo importante es llegar a un juicio y concitar la unanimidad del tribunal en una sentencia condenatoria conforme con nuestras pretensiones”.
“Que sea a través de jurado o de tribunal profesional tiene una gran importancia, pero no es lo esencial, que es que se pueda hacer justicia con agilidad y con suficiente rapidez en asuntos de esta extrema gravedad” como el de Marta del Castillo, apostilló García Calderón.
Preguntado por unas declaraciones del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, relativas a las dificultades para ejecutar las sentencias penales, García Calderón indicó que es necesario que dichos órganos cuenten con medios suficientes para hacer su labor.
A este respecto, recordó que el Ministerio fiscal creó un servicio propio para la agilización y control de las ejecutorias en las fiscalías provinciales, lo cual es un “elemento muy positivo para evitar que ocurran situaciones” como la del caso de Mari Luz. Precisamente hoy, 13 de enero, se cumplirán tres años desde su desaparición, un mes antes de que comience el juicio.
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