Andalucía

Román dice que la operación dependía del mercado y no de Roca

Reitera que no tuvo sospechas sobre la presunta ilegalidad del convenio urbanístico

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  • La hija de Pedro Román, Pilar, durante su declaración -
El ex edil de Marbella Pedro Román dijo ayer que la operación urbanística que, según la Fiscalía, le reportó 6 millones de euros de beneficios a él y otros tres acusados en el “caso Malaya”, dependía del mercado inmobiliario, y negó la influencia del principal procesado, Juan Antonio Roca.

Durante la tercera jornada de declaraciones de los procesados en este juicio, el mayor contra una trama de corrupción descubierta en España, continuó la comparecencia de Román, quien formó parte de la Corporación de Marbella entre 1991 y 1998, durante el mandato del GIL, y en el momento de la operación urbanística que se investiga (2001), era promotor inmobiliario.

El abogado de la Junta, que ejerce la acusación popular, preguntó a Román la posibilidad de que el convenio por el que se incrementó la edificabilidad de la parcela hubiese supuesto un conflicto de intereses para Roca, que supuestamente actuó como inversor y, al mismo tiempo, era gerente de la empresa municipal Planeamientos 2000.

A este respecto, Román reiteró que ya existía un convenio previo con el Ayuntamiento y aclaró que los beneficios o perjuicios de futuro “no dependían de Roca ni de nadie”, sino de la evolución del mercado inmobiliario, apuntando que no cree que pudiera tener ninguna influencia.

Román, que afronta una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública, insistió en que no tenía ninguna sospecha de que el mencionado convenio tuviera algún tipo de ilegalidad, como tampoco sospechó de la procedencia de los fondos aportados por Roca o el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.

El ex edil señaló, a preguntas del abogado de su hija Pilar, que Roca pagó “lo que le correspondía con exactitud” en la operación, y negó que hubiese recibido un “trato de favor” del GIL, partido fundado por Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella.

Durante la intervención de la abogada de Roca, Román aseguró que en la reunión que mantuvo con este procesado para tratar del convenio urbanístico no hablaron de la licencia de obra para este proyecto relativo a la construcción de 114 viviendas.

Al finalizar la comparecencia de este acusado, fue su hija Pilar Román -acusada de blanqueo de capitales- la que se sometió a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, declaración en la que negó que participara en la constitución de la sociedad Lispag, ni en los negocios de su padre “en ningún aspecto”.

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