La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, con pastillas para la ronquera en la mano, daba ayer a conocer los datos macroeconómicos de los PJA del próximo año, que contemplan unos ingresos de 31.682,2 millones de euros, lo que supone un recorte del 6,1%, cifrado en 2.055,5 millones, un presupuesto “con restricciones y contracciones significativas” pero que será, según aseguró, el de la recuperación económica y la creación de empleo.
De hecho, aseguró que, aunque mantiene la caída del 0,3% del PIB para este año, en el próximo año la economía andaluza crecerá un 1,3% y se incrementará en unos 24.000 la tasa de ocupación (0,3%), aunque las previsiones no tendrán en esta ocasión datos de paro, al considera la consejera que “dependerá de la tasa de incorporación de población activa”.
Sí insistió Martínez Aguayo en que la Junta se mantendrá fiel a su apuesta por la estabilidad presupuestaria, por lo que el endeudamiento descenderá un 44,5% (hasta los 2.239,2 millones), para cumplir la previsión estatal del 1,3% del PIB. Eso sí, mantuvo que seguirá solicitando al Gobierno central que el endeudamiento de las comunidades no se aplique de manera lineal sino en función del nivel de deuda que tiene cada una, que en el caso andaluz es 1,9 puntos por debajo de la media.
Lo único que se incrementa significativamente en el capítulo de ingresos son los tributos propios, que esperan recaudar un 94,2% más (279,3 millones) con las medidas tributarias (céntimo sanitario, bolsas de plástico o tasa bancaria, entre otras), mientras que la aplicación del nuevo sistema de financiación posibilita que se incrementen los ingresos en un 1,6% (288,2 millones) con la participación autonómica en impuestos como el IVA, el IRPF o los especiales.
Eso sí, en transferencias del Estado, en global serán unos 2.000 millones los que dejará de percibir Andalucía con respecto al presente año, fundamentalmente por el descenso del fondo de compensación interterritorial (37,1%) y a las transferencias finalistas (12%), aunque se incrementan en un 1,9% los fondos europeos (50,8 millones más).
Operaciones patrimoniales
La novedad de estos presupuestos, cuyo capítulo de gastos no conoceremos hasta el 26 de octubre y de los que no quiso detallar nada la consejera, se encuentra en lo que Martínez Aguayo denominó “activación por operaciones patrimoniales” y con la que se pretenden obtener 951,7 millones de euros, una “operación financiera pero también una forma de rentabilizar el patrimonio”, según apuntó.
La fórmula consiste en vender suelos “que no se dirijan a construir VPO” que sean patrimonio de la Junta, como los procedentes del IARA (que se extingue) o algunos de los incluidos en el parquete de solares con los que el Estado abonó la disposición adicional segunda del Estatuto o deuda histórica. Quiso aclarar que la sociedad Agesa (que gestiona el parque tecnológico Cartuja 93) no está incluída a estas operaciones.
Otra de las operaciones que maneja la Junta y que ya aplican otros países europeos, es la venta y alquiler con retorno de entre 80 y 90 edificios administrativos que son propiedad de la Administración, lo que significa vender a un particular o un ente instrumental de la Junta (ésta es la fórmula que más le gusta a la consejera) el edificio administrativo, ubicarse en él en régimen de alquiler y que se gestione de forma externa, de forma que los beneficios reviertan de nuevo en la Administración andaluza.
Ejemplo de adaptación
Según la consejera, estas fórmulas reflejan que la Junta está adaptándose a la nueva situación, como ya ocurre con la colaboración público-privada que extenderán en numerosas obras proyectadas, que lo único que consiste es en hacer “un pago diferido” mientras la empresa se beneficia de la concesión, mantenimiento (peaje en sombra) o cesión de superficie para explotación.
Como el Consejo de Gobierno había aprobado ayer la licitación de la construcción, explotación y conservación de la Autopista Iznalloz-Darro, tanto la consejera de Hacienda como la portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, utilizaron esta infraestructura para defender el uso de esta colaboración público-privada para realizar proyectos de interés y vertebradores en la Comunidad.
Destacaron especialmente cómo cada licitación va precedida por un estudio riguroso y de negociación previa en el que se determinan unas condiciones “asumibles por las tres partes”, las empresas, las entidades financieras y la Junta de Andalucía, por lo que confiaron en que se presenten constructoras para esta autopista.
El PSOE apoya en solitario los presupuestos estatales
La Junta y el PSOE defendieron y apoyaron ayer en solitario las inversiones del Estado en Andalucía para el año 2011, de las que destacaron su “lealtad y compromiso” con la recuperación, visión muy opuesta a las del PP e IU que pidieron su retirada por considerarlos “sumisos e inservibles” ante la crisis.
Durante unas cuatro horas se prolongó el debate general del Parlamento andaluz sobre las repercusiones en la comunidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, que destinan inversiones por un montante total de 2.970 millones, lo que representa el 17,78% de la inversión regionalizable, porcentaje ligeramente superior al peso de la población andaluza, según adelantó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
“Son leales, comprometidos y los presupuestos que Andalucía necesita”, sentenció Aguayo, que recordó el escenario de dificultad económica y el hecho de que cumplan “escrupulosamente” con el Estatuto andaluz.
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