La Audiencia de Almería acoge este jueves la vista oral contra un ciudadano argelino que se enfrenta a siete años de prisión por supuestamente patronear una patera que quedó a la deriva frente a la costa de Almería con otros 13 inmigrantes a bordo, entre ellos cuatro menores.
La calificación del fiscal, consultada por EFE, sostiene que el acusado K.S. concertó en "connivencia" con otros sujetos no identificados, "movido por un ánimo de beneficio ilícito", el transporte clandestino de varias personas a cambio de 5.000 euros por ocupante.
Subraya el Ministerio Público que el acusado sabía que para acceder a España usarían un "puesto fronterizo no habilitado para ello" tras eludir el control de acceso de las autoridades españolas, de forma que vulneraba los "procedimientos habituales y la legislación española y europea".
Mantiene que durante la madrugada del pasado 23 de marzo un total de 14 personas, entre ellas cuatro menores y el acusado, zarparon desde la costa argelina a bordo de una embarcación de fibra, en la que el procesado era el encargado de llevar la dirección y controlar la brújula.
Incide en que la patera no reunía las condiciones para este transporte, ni por sus características técnicas, ni por el número de ocupantes, de forma que no tenía capacidad para "realizar trayectos de esta naturaleza que superan las 85 millas".
Destaca el fiscal que la misma no disponía de equipos de salvamento como chalecos salvavidas, o de bombas de achique, sistemas de radiocomunicación, etc., algo a lo que suma que el supuesto paterista carece de titulación o autorización para manejar embarcaciones de ningún tipo.
Resalta también el peligro de deflagración o combustión que sufrieron los inmigrantes debido a la presencia de cinco bidones de combustible para poder repostar durante el trayecto.
Por último, recalca que la embarcación se quedó a la deriva tras detenerse el motor, por lo que las personas que iban en ella tuvieron que ser rescatados por la 'Salvamar Spica' de Salvamento Marítimo junto a la costa de Almería.
Por estos supuestos hechos el acusado se enfrenta a siete años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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