El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes las ayudas por valor de 302.000 euros a los pescadores y armadores por la paralización de la actividad tras el fin del acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos y de la que se beneficiarán 11 buques.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el BOE dos órdenes con las que pretende compensar a los buques afectados por la parada de actividad como consecuencia del final del convenio, que beneficiaba a flota de Andalucía, de Galicia y de Canarias.
De estas ayudas, 120.000 euros se van a destinar a los armadores y 182.000 a los tripulantes, cofinanciadas en un 50 % por fondos de la Unión Europea (UE), para el período comprendido entre el 18 de julio al 30 de septiembre de 2023.
España logró 92 de las 128 licencias para pescar en aguas marroquíes en virtud del acuerdo que caduca este lunes, pero solo 21 barcos solicitaron licencia en 2021 y 2022 ó en 2023, según han precisado fuentes del MAPA.
"Apenas 11 faenaron al menos 20 días en el trienio 2021 al 2023 (el siguiente buque por debajo de esta cuantía solo ha faenado 3 días) y estos 11 barcos cumplen además con el requisito fijado por la Comisión Europea de no haber recibido más de 180 días de ayuda por parada temporal entre 2014 y 2023", según las mismas fuentes.
Por ello, podrán beneficiarse de las ayudas 11 navíos (siete de Andalucía y cuatro de Canarias).
"El Gobierno estudia ayudas de Estado para compensar a más barcos afectados por el fin del acuerdo, entre ellos 6 de Andalucía, que han faenado más de 20 días entre 2021 y 2023, pero que han percibido ya el tope de ayuda por parada, con cargo a fondos europeos, de 180 días", según las fuentes ministeriales.
El tope al que se refiere es el establecido en la anterior programación presupuestaria de los fondos pesqueros (2014-2023) del antiguo Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP).
El acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos es el de mayor valor político para España y su futuro depende de una sentencia del Tribunal de Justicia comunitario, sobre un recurso contra otro dictamen de los jueces comunitarios, quien en 2021 lo anularon por no tener en cuenta los intereses del Sáhara occidental.
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