Toscano indicó ayer a Europa Press que convocará esa reunión de la Ejecutiva de la FAMP una vez que se conozca el contenido del decreto del Gobierno central en relación con la reducción de salarios y al entender que los cargos públicos locales tienen que tomar las medidas pertinentes. Asimismo, quiso dejar claro que el asunto del sueldo de los alcaldes y ediles no corresponde regularlo ni al Parlamento andaluz ni a las direcciones de los partidos a nivel andaluz, sino que la “competencia, a nivel de recomendación, es de la FAMP, respetando “la autonomía de cada ayuntamiento”, o del Parlamento nacional, donde se refleja el sentir de los partidos”.
Expuso que él mismo llevará una propuesta sobre topes máximos de sueldos en el ámbito municipal, consistente en que los ocho presidentes de diputaciones y los alcaldes de Sevilla y Málaga cobren como máximo el sueldo de un consejero del Gobierno andaluz; los alcaldes de más de 100.000 habitantes, la de un viceconsejero; los de más de 50.000 habitantes, la de un director general; los más de 20.000, la de un delegado provincial de la Junta, y los de municipios de menos de 20.000 habitantes, una retribución en función de su nivel de dedicación.
Sobre estos sueldos, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, consideró ayer que deberían ser controlados por ley y con unos criterios “rigurosos, objetivos y cuantificables que no llamen al engaño o la trampa” y que la manera “más segura” podría ser la Ley andaluza de Autonomía Local.
Por su parte, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, aseguró ayer que las cesantías de ex altos cargos de la Junta o ex diputados “se verán alteradas” por el cambio en las referencias por la rebaja en la retribuciones de los cargos públicos que prevén el Gobierno y la Junta.
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