Los cuatro testigos, el empresario D. S, su hijo -también D. S-, el gestor de sus empresas y el broker Philippe Junot, declararon ayer durante más de nueve horas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde defendieron que Urquía, que instruía el Caso Hidalgo, había hablado con sus amigos A. F. A. y I. M. L. para que ofrecieran liberar un hotel "secuestrado" en la operación a cambio de hasta ocho millones de euros.
El propio empresario aseguró que Junot le llamó desde Marbella para reunirse "urgentemente" con él en Londres, ya que había recibido el ofrecimiento por parte de A. F. A. de pagar 5 millones de euros para liberar su hotel, por lo que se encontraron y el broker le entregó un documento que el imputado le había dado referente a la venta de una finca en Benahavís (Málaga).
El mensaje que Junot le había trasladado era que el juez quería 5 millones "para limpiar la operación", por lo que llamó al gestor de sus empresas, de iniciales A. P, que le dijo que sólo querían conseguir dinero y destruyó el documento.
El hijo del empresario dijo que también I. M. L. se había puesto en contacto con él para ofrecerle lo mismo y que se reunieron hasta en seis ocasiones para tratar el asunto, todas ellas grabadas porque D. S. sospechaba de él y de la implicación del juez, ya que el imputado disponía de información privilegiada y ponía como garantía su amistad con Urquía, al que incluso llegó a llamar por teléfono delante de él.
"Nunca pensamos que algo así pudiera pasar en España", apuntó el testigo, a quien sorprendía que ya hubiera llegado a través de dos cauces la misma oferta sobre el hotel.
Tras la primera grabación propia, D. S. contrató un equipo de detectives privados, que grabaron las posteriores conversaciones y confirmaron la relación de amistad entre I. M. L, A. F. A. y Urquía.
El primero de estos imputados le había dado detalles a D. S. de la declaración de su padre que sólo podían ser conocidos por el juez, e incluso sabía que tenía negocios en Praga, donde le ofreció realizar el primer pago del dinero, que se haría a través de la compra de la revista de la que él era dueño.
Denuncia ante la Guardia Civil
Después de que el administrador judicial fuera nombrado de forma "no independiente" y en un auto en el que Urquía se mostraba "amenazador", decidió junto al gestor de las empresas denunciar los hechos ante la Guardia Civil, que comenzó la investigación.
El gestor A. P, también imputado en el Caso Hidalgo por blanqueo de capitales, declaró que cuando se le comentaron los dos ofrecimientos tuvo la sensación de que querían sacarle dinero, pero no pensó en el juez hasta que se produjo el nombramiento del administrador judicial, ya que en el auto se decía que fue por insaculación pero en realidad no había sido así.
Fue entonces cuando empezaron a sospechar de que Urquía se encontraba detrás de la "extorsión" que se había producido por dos caminos, por un lado de I. M. L. llamándole a él y por otro lado de A. F. A. poniéndose en contacto con Junot.
El propio Junot confirmó que A.F.A. se puso en contacto con él en Marbella para que trasladara el mensaje al empresario, y que le dio un documento para que se lo entregara, aunque tras la negativa de D. S. de acceder a sus peticiones llamó de nuevo al imputado y le comunicó que no lo aceptaba, momento en el que ya no volvió a interesarse por el tema.
Fue en enero de 2009 durante una mudanza cuando Junot descubrió que tenía una copia del documento que A. F. A. le había entregado en mayo de 2007, por lo que se la dio al gestor de las empresas, que a su vez lo llevó a la Guardia Civil.
Junot afirmó que D. S. le dijo que detrás de la presunta extorsión estaba el juez que instruía el Caso Hidalgo, ya que mantenía una fuerte relación de amistad con los otros imputados.
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