El actor -que veraneó durante años en Marbella- y su mujer figuran entre los siete nuevos imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí en unas diligencias previas abiertas hace tiempo por una cuestión urbanística, causa que ha entrado en una nueva fase tras la inicial que ya sumaba 21 imputados.
Otros nuevos imputados -indican las fuentes- son abogados del bufete Díaz-Bastien y Truan, cuyos despachos de Marbella y Madrid fueron registrados por la Policía simultáneamente dentro de una operación contra el blanqueo de capitales por orden del mismo juzgado el pasado miércoles.
Esta nueva fase de las referidas diligencias está bajo secreto de sumario y de ella da cuenta hoy el diario El Mundo, que precisa que la causa es por la recalificación de la parcela de Connery situada en Marbella y conocida como "Malibú".
El periódico añade que la operación urbanística fue amparada por el ex alcalde marbellí Jesús Gil y Gil; que se recalificó el terreno donde estaba el chalé en Marbella del actor y que el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.
Indica que el actor está citado a declarar junto a su mujer y los letrados a partir del próximo 27 de mayo y que la operación policial se denomina "Goldfinger", en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond.
Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.
La referida actuación municipal, según el rotativo, tendría continuidad en el tiempo, dado que es una edificación consolidada entre 2004 y 2005, por lo que explica que afectaría a los sucesores de Gil en la Alcaldía como Julián Muñoz y Marisol Yagüe en el marco del denominado caso "Convenios" que se sigue en el mismo juzgado.
Informa además el periódico de que los abogados de la mencionada firma negociaron con Gil y el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca mediante un convenio la recalificación de los terrenos de una zona que era residencial de chalés y que pasó a ser de cuatro alturas.
Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes requisaron documentación en las oficinas de los letrados, situados en la madrileña Torre Picasso y del edificio Marina Marbella, aunque no se practicaron detenciones, y fuentes del bufete han descartado que la actuación se trate de un asunto de blanqueo.
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