En la declaración que prestó ayer como testigo durante el juicio que se sigue contra la presunta tramitación irregular del centro, el técnico consideró que el plan parcial aprobado incumplía las normas subsidiarias, la LOUA y la ley del Suelo.
Este informe -preceptivo, no vinculante- fue emitido en mayo de 2005, dos meses antes de la aprobación definitiva del plan parcial por el Ayuntamiento, y en él el técnico de la Delegación de Obras Públicas incluía una serie de reparos sobre reservas dotacionales, falta de aparcamientos de naturaleza pública y de justificación del aprovechamiento lucrativo adquirido por el promotor y otras relativas a cuestiones como la medición de alturas.
El testigo se refirió a aspectos supuestamente irregulares incluidos en el plan parcial como el del diseño de un sótano al mismo nivel que el vial, en lugar de por debajo -”superficie construida que no ha computado como edificabilidad”, dijo-.
El técnico, que constató la invasión de zonas verdes y dotacionales, dijo que al afectar el plan a equipamientos, habría sido necesario recabar un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
Ratificó también las supuestas irregularidades en cuanto a la forma de computar la rasante, para la que, según el técnico, debe tomarse como referencia desde donde se asienta el edificio.
“Puntualmente se puede exceder alguna altura, pero con la referencia desde donde se asienta el edificio”, dijo el testigo, que asistió a alguna de las reuniones que se celebraron en la Delegación de Obras Públicas con el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, en las que se pidió a la Junta la emisión de otro informe, inviable ante la documentación que constaba.
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