La Audiencia Provincial de Málaga acogió ayer la segunda sesión del juicio del caso en el que se investiga el aumento de valor y edificabilidad de la finca Parrada de Manilva, abierto a raíz de la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales.
Durante la declaración de Tirado, el ex regidor explicó que su partido llevaba “una contabilidad de andar por casa”, que no tenía tesorero y que todas las donaciones eran “anónimas”.
En el interrogatorio, el fiscal y el presidente del tribunal preguntaron al acusado si podía facilitar el nombre de algún donante, pero el ex alcalde aseguró no recordarlo.
En el registro llevado a cabo por la Policía en la vivienda de Tirado se hallaron 762.102 euros agrupados en fajos de billetes de distinto valor, entre ellos más de setecientos de 500 euros.
La acusación pública mantiene que dicho dinero forma parte de la retribución pactada entre Pedro Tirado y el resto de los acusados en una operación urbanística que generó 92 millones de euros de beneficio en un plazo de dos años y medio.
Este extremo fue desmentido por el ex alcalde, quien afirmó que su cuñado, Francisco Calle -también procesado en esta causa-, no es su testaferro, y añadió que nunca ha recibido dinero ni regalos de nadie.
Durante su declaración, Tirado explicó a la Sala que su partido se financiaba como cualquier otro y que tenía unos ochenta afiliados y cerca de quinientos simpatizantes.
El procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel y siete de inhabilitación, aclaró que tenía la mencionada suma de dinero en su casa debido a que sus compañeros de partido confiaban en él y porque pensaban comprar un inmueble para una sede.
Ante la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que sus compañeros de partido manifestaron al juez instructor que desconocían que el entonces alcalde dispusiera de ese dinero, Tirado señaló que ellos “tenían pánico” a ser detenidos, y asimismo afirmó que no tenía el dinero guardado en la caja fuerte porque “es donde primero miran los ladrones”.
El ex regidor, que permaneció durante más de dos meses en prisión tras su detención en 2005, negó ayer que tuviese intención de dar “un pelotazo urbanístico”, como le acusa el fiscal.
Las conclusiones del escrito acusatorio establecen que entre 2002 y 2003 la sociedad Royal Marbella Estates SL adquirió “con fondos de origen desconocido” unos terrenos situados en las localidades de Manilva (Málaga) y San Roque (Cádiz), posteriormente vendidos y en los que se obtuvo una plusvalía de casi 92 millones de euros.
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