Así lo manifestó en la segunda sesión del juicio que se sigue desde el lunes por la presunta tramitación irregular del centro comercial Nevada, en la que también declaró el arquitecto que prestaba sus servicios al Ayuntamiento de Armilla.
El redactor del plan parcial y autor del proyecto de edificación del Nevada, J. R. A, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación, dijo que el informe que redactó sufrió algunas modificaciones a requerimiento del consistorio.
Este arquitecto mantuvo que el plan parcial no contravino las normas de planeamiento superior, como así lo hizo saber a la Delegación de Obras Públicas en respuesta a un informe de este organismo en el que incluía reparos al proyecto redactado por él.
El arquitecto técnico consideró que con las puntualizaciones que hizo a ese informe en su calidad de redactor del proyecto -descartó cualquier vínculo municipal- se "salvaban completamente" las objeciones de la Delegación de Obras Públicas de la Junta.
El informe con las puntualizaciones fue después incluido al expediente para la aprobación de la licencia de obras.
La rasante que planteó en el plan podría ser "más o menos afortunada, pero estuvo planteada bajo un criterio de racionalidad", defendió el arquitecto, que aseguró que para fijar las alturas se ajustó a los instrumentos de planeamiento aprobados.
Precisó también que la competencia para fijar la rasante -aspecto éste al que aludía uno de los reparos hechos por Obras Públicas a su proyecto- no es del plan general o de las normas subsidiarias, sino una competencia específica del plan parcial que se establece "en coherencia con el plan parcial anterior".
Sostuvo que el estado actual del centro Nevada, cuyas obras están paralizadas desde 2007 por orden judicial, no ha sufrido modificaciones respecto a la rasante que él fijó en el plan parcial.
El acusado admitió que habría sido "conveniente" también la tramitación, por parte del Ayuntamiento de Armilla, de un plan especial para la reordenación de la zona.
Este arquitecto fue además el encargado de elaborar el informe que la promotora dirigió al Juzgado de lo Contencioso que en su día paralizó las obras, en el que solicitaban autorización para poder acometer actuaciones de aseguramiento de las instalaciones.
Esas actuaciones fueron concedidas pero paralizadas después por excederse supuestamente la empresa en las obras que el juez había autorizado, y que se limitaban a las relacionadas con la seguridad.
En concreto, en el marco de esas actuaciones de seguridad permitidas, la empresa ordenó el revestimiento de la fachada en mármol verde, lo que en opinión del arquitecto forma parte del "cerramiento definitivo" autorizado por el juez, aunque ha considerado que "a lo mejor no era estrictamente necesario".
Los informes del arquitecto técnico
En la sesión de ayer también declaró el arquitecto técnico que prestaba sus servicios al Ayuntamiento con un contrato de consultoría, que se enfrenta a la misma pena que el anterior.
La Fiscalía cuestiona que en el expediente constaran informes de este arquitecto pero no de un funcionario de carrera, a lo que el acusado contestó que este último era aparejador por lo que él, como arquitecto superior, estaba "más capacitado" para elaborar el informe que redactó sobre el plan parcial a requerimiento, precisó, de la jefa de Urbanismo y no del ex alcalde socialista y el ex edil de Urbanismo, que figuran entre los once acusados.
El arquitecto, que presta servicios para el Ayuntamiento desde 1986, defendió la legalidad del plan parcial y su consideración, amparándose en la normativa, de que el edificio proyectado era "singular", lo que le permitía acogerse a algunas excepciones.
Señaló además que la Junta dio validez en su día al suelo como suelo de uso comercial con instalación singular.
Los arquitectos se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones populares, que el juez hizo constar en la causa.
Entre ellas figuran las planteadas por el abogado del PP sobre los motivos por los que el ex alcalde socialista de Armilla y el ex edil de Urbanismo -dos de los 11 acusados- fueron invitados por el promotor, Tomás Olivo, también imputado, a la boda de su hija.
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