Chamizo, que presentó ayer el informe anual a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, constató que muchas de las quejas motivadas por la crisis se referían a la adecuación de las prestaciones a las nuevas situaciones de pobreza, además de que, aunque no han descendido las asignaciones a los servicios sociales, sí que se han visto insufientes ante el alto número de demandantes.
En cuanto a las quejas de sí, la Educación encabeza el número, con 805, seguida de Personal del Sector Público, con 628, y Prisiones, con un total de 498 quejas. Les siguen las quejas relacionadas con la Salud -493-; Menores -465-; Medio Ambiente, 424, y en menor medida los Servicios Sociales y la Dependencia, con 329 quejas durante el pasado año, mientras se iniciaron 326 expedientes de oficio.
El defensor del Pueblo andaluz apuntó que Sevilla es la provincia con mayor número de quejas, con 1.674, seguida de Cádiz, con 836; Málaga, 751; Granada, 444; Almería, 381; Córdoba, 371; Jaén, 305; y Huelva; 294 quejas.
El incremento de las quejas en casos de menores y de internet será objeto también de un estudio específico de la Oficina del Defensor.
La crisis ha provocado, de hecho, que el Defensor del Pueblo haya tenido que actuar en unos treinta casos como intermediario en desahucios para alcanzar acuerdos entre bancos y ciudadanos, aunque quiso dejar claro que el banco acepta “si se paga algo, si antes pagaban 800, ahora pagan 200, pero siempre pagando”.
Además, ante las necesidades de las familias, reclamó a la Junta que acelere los trámites para percibir el salario social y volvió a reclamar la aprobación de una Ley que permita que exista una renta básica, mientras apuntó la posibilidad de que se retrasen las nuevas prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia. “Volver atrás, que quiten lo que hay, no lo creo”, apuntó.
Chamizo quiso llamar la atención por el incremento de las quejas en educación, especialmente las referidas a fracaso escolar o abandono temprano, ya que muchos jóvenes sin posibilidades de empleo han vuelto a los estudios.
Así, instó a la Junta a dar un "mayor impulso" a los programas de cualificación profesional inicial, puesto que estos jóvenes no desean una educación reglada, y recordó que el presidente ha puesto como prioridad la Educación.
También destacó las quejas que ha recibido, también en materia educativa, en las referidas a los precios de comedores y aulas matinales, que no están adaptados a la realidad económica de las familias, que demandan una rebaja en los costes.
La crisis también ha afectado a los ayuntamientos, cuyas principales quejas se refieren a su incapacidad en muchas ocasiones de hacer frente a los gastos en los servicios sociales como consecuencia del incremento de las reclamaciones de los ciudadanos por la crisis económica.
En materia de Justicia, el defensor destacó también que como resultado de la crisis económica se ha podido comprobar una subida de los casos aparecidos en los juzgados de lo social, fruto de los despidos de las empresas, una situación que en el año anterior era más patente en los juzgados de lo mercantil.
Volvió a incidir en el problema de los presos enfermos en las cárceles, y sobre todo en lo relativo a los traslados a los hospitales, especialmente en Sevilla y Granada, además de poner sobre la mesa las denuncias por la contaminación acústica y también la visual que sufre gran parte del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Por último, Chamizo lamentó que, aunque estando aprobada la Ley de Vivienda, muchos ayuntamientos siguen sin poner suelo a disposición de las VPO en sus planeamientos municipales, lo que atribuyó a que antes era una fuente de ingresos de los municipios y ahora puede que estén esperando a tiempos mejores.
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