En rueda de prensa, Segarra lamentó que la Fiscalía se ve obligada a una "continua revisión de los expedientes de contratación" de los Ayuntamientos y dijo que hay casos de algunas localidades en las que el fiscal "acaba revisando de forma generalizada la gestión municipal".
La fiscal jefe llama la atención en su Memoria sobre el hecho de que sólo en el 31,5% de las denuncias recibidas la Fiscalía optó por interponer una denuncia penal.
"No consta ningún caso en el que, notificado el archivo, el denunciante haya acudido a los Tribunales, lo cual es un dato más que sugerente de la escasa convicción que guiaba la denuncia y la suficicente rentabilización del mero hecho de haber interpuesto denuncia en Fiscalía", afirma.
La única excepción, recoge en su Memoria, son las presuntas irregularidades en Mercasevilla, donde el PP optó por interponer denuncia en los juzgados cuando la Fiscalía llevaba un mes investigando, lo que le obligó a inhibirse.
En su Memoria también propone que dos de los 14 juzgados penales de Sevilla se dediquen en exclusiva a delitos de violencia de género, continuando así la especialización abierta por la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La fiscal jefe advierte del riesgo de "colapso" de esos juzgados penales, donde "ya en el año 2008 deberían haberse creado con absoluta urgencia dos nuevos", y resalta que la media de ejecutorias por cada uno asciende ya a 715, frente a la media de 324 del año 2008.
En cuanto a la estadística judicial, la Memoria de la Fiscalía recoge un descenso del 2,87 por ciento en las diligencias incoadas en los juzgados sevillanos, con un total de 236.494 asuntos nuevos tramitados en el año 2009.
Por tipos de delitos, los homicidios registraron en 2009 un aumento del 18,7 por ciento, hasta situarse en 38 casos, mientras que los delitos contra la libertad sexual, con 395 denunciados a lo largo del año, registraron un descenso del 46 por ciento.
También se observó un descenso del 39,1 por ciento en los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo (623 casos investigados), una rebaja del 50 por ciento en los delitos contra el orden público (con un total de 2.034 delitos) y una reducción del 35,3 por ciento en las falsedades (276 denuncias).
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