La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto este jueves pedir información adicional a la Comisión Europea sobre el seguimiento de la situación del Parque Natural de Doñana y que "reaccione sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los actos del Gobierno de España" sobre la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables en los municipios al norte de la Corona Forestal del Parque Nacional.
Así lo han consensuado los grupos políticos tras escuchar en sesión parlamentaria la petición presentada por el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que ha advertido de "las distintas amenazas que se ciernen sobre el Parque Nacional de Doñana" y ha reclamado "una vigilancia integral" sobre este espacio "para blindarlo de los riesgos que ponen en peligro su preservación".
Valero ha apuntado este jueves a la resolución que, en marzo, falló a favor de Petroleum Oil & Gas España S.A. contra el decreto aprobado por la Junta de Andalucía para ampliar el ámbito territorial del parque Natural de Doñana y ha dicho que "hay quienes han querido entender que supone la anulación de la prohibición de almacenar gas en el subsuelo de Doñana".
En un paso más, el también portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha incidido en que el "nuevo escenario de incertidumbre por abastecimiento energético" no debe propiciar que Doñana quede al servicio del almacenamiento de gas y ha instado a la Unión Europea a "estar vigilante" de las posibles agresiones irreversibles que pueda sufrir el que ha recordado que es un Parque Natural, Patrimonio de la Unesco y el mayor humedal del continente.
Así, Valero ha pedido a las comisiones parlamentarias de Industria y Energía y de Medio Ambiente la emisión de informes que analicen la situación de los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de gas natural en Doñana.
Agricultura y regadíos
"El prestigio de la agricultura onubense y su viabilidad también necesita que no haya dudas por parte de los consumidores europeos de la absoluta conciliación sostenible entre Doñana y la actividad agrícola del entorno", ha subrayado Valero en sus conclusiones.
Por este motivo, ha destacado, "la amenaza de legalizar los pozos ilegales que el Tribunal de Justifica de la UE ya ha sentenciado que se tienen que cerrar" sigue vigente, motivo por el que ha instado a mantener la petición abierta en la Comisión.
Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha recordado que abrió una investigación para asegurar el correcto cumplimiento de las autoridades españolas de la legislación medioambiental europea, que detallaron que las obligaciones habían sido cumplidas así como todos los requisitos de evaluación de impacto ambiental y se ha referido a los tribunales nacionales para "dirimir" las disputas derivadas de estos estudios.
Valero también se ha referido a la "pretensión" de ampliar los terrenos de regadío de Doñana que supone un "ataque frontal" a los planes de ordenación "vigentes" y una "indiferencia" ante los problemas del acuífero.
Ante lo cual, la Comisión Europea ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en junio de 2021, confirmó que España no había tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos.
Respecto a la proposición de Ley que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz y que pretende una modificación del plan especial de regadíos de la corona forestal de Doñana, el Ejecutivo comunitario ha señalado que "de aprobarse en los términos actuales, la Comisión considera que podría ir en la dirección contraria a la que podría ir España para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia".
De hecho, en febrero la Comisión Europea manifestó su "preocupación" por que Andalucía siga adelante con la ampliación de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables "que se sumarían a los niveles insostenibles de extracción de agua que ya ha provocado una disminución significativa en los niveles piezométricos de las masas de aguas subterráneas en Doñana", detalló.
Así la petición presentada por Valero, ha señalado la eurodiputada de Izquierda Unida (IU), Sira Rego, se refiere a la posibilidad del Gobierno andaluz para legislar en una materia que, ha detallado, "supone un riesgo para Doñana" y ha cargado contra el Gobierno autonómico andaluz que "no está cumpliendo con su objetivo de proteger un entorno extraordinario" y está proponiendo legislar algo que "es inasumible y una barbaridad".
El eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo Juan Ignacio Zoido ha argumentado que esta propuesta es "compatible con las proposiciones de la Comisión" y que el Gobierno andaluz ha cumplido en "temas medioambientales" ya que no supone un aumento de consumo de aguas subterráneas sino de las superficiales.
Por su parte, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha opinado que se trata de garantizar que las canalizaciones de las cuencas hidrógráficas lleven agua a Doñana y ha agregado que el equilibrio entre ese ecosistema y la actividad económica "requiere que se ejecute el trasvase" por lo que ha pedido que se exija al Gobierno de España los motivos por los que no se han ejecutado las obras de infraestructura hidráulica que garanticen que el agua llegue al Parque Natural.
Procedimiento heredado
El procedimiento de infracción heredado del gobierno de coalición PSOE-IU (2012-2015) ha impedido este jueves al Parlamento Europeo cerrar las peticiones sobre la situación medioambiental del Parque Natural de Doñana. Así lo ha argumentado el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, quien ha señalado al gobierno PSOE-IU como "responsable" del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea por el estado del Espacio Natural a raíz del requerimiento iniciado por Bruselas en el año 2014, según una nota del Gobierno andaluz.
El secretario general de Medio Ambiente, quien ha participado este jueves en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha remarcado que el escrito de requerimiento sobre la sentencia de la Unión Europea por el estado ambiental de Doñana "se recibió cuando gobernaban el Partido Socialista e Izquierda Unida en 2014" y, por lo tanto, "lo que ahora se aborda tiene su origen en los años de gobierno de coalición PSOE-IU y en los gobiernos socialistas anteriores".
Arjona ha trasladado que la decisión de la Comisión de mantener abiertas las peticiones sobre la situación medioambiental del Parque Natural de Doñana "responde al propio Reglamento del Parlamento Europeo, al existir un procedimiento de infracción aún abierto sobre Doñana por la mala gestión del parque tanto durante los gobiernos socialistas como a lo largo del gobierno de coalición con Izquierda Unida".
El secretario general de Medio Ambiente ha lamentado que durante los años de coalición de izquierdas fue cuando "más bajó la inversión" en el Parque Nacional, un 20% menos en toda la historia, concretamente hasta 11,4 millones de euros en 2013.
"Una gestión que contrasta con la actual del Gobierno de Juanma Moreno, que ha subido esa cantidad, destinando 17 millones de euros a la restauración del incendio de Las Peñuelas y 6,6 millones para mejora de la biodiversidad", ha enfatizado.
A su juicio, "quienes ahora piden cuidar Doñana y criminalizan a los agricultores son los mismos que gobernaban la Junta de Andalucía cuando la UE inició el procedimiento sancionador por el que ahora pretenden responsabilizar a este Gobierno de la Junta".
A este respecto, el secretario general de Medio Ambiente ha afirmado que el actual Gobierno de Andalucía "no va a criminalizar a los agricultores porque hay que diferenciar entre aguas superficiales y aguas subterráneas, qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez".
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