El Pleno extraordinario celebrado a partir de las ocho y media de la mañana de este viernes ha tratado la admisión parcial del requerimiento de anulación formulado por la Junta de Andalucía a los requisitos exigidos para la contratación de la vice interventora.
Los tres grupos políticos de la oposición mostraron su rechazo a una plaza que en opinión del nuevo concejal de Izquierda Unida, Gonzalo Alías Gurría –que tomó posesión en esta sesión- sólo falta que le pongan el nombre de la ciudad y el nombre de la persona que la va a ocupar.
Y es que la convocatoria valora más a los candidatos a profesionales que hayan trabajado en ciudades de más de 75.000 habitantes –cambiar el número de habitantes es lo que se ha aceptado del requerimiento de la Junta, ya que en principio era de 95.000-, que tengan afectación militar y por ende relaciones tributarias con el Ministerio de Defensa.
Para portavoz del grupo municipal Ciudadanos por La Isla, Javier Cano, las condiciones acotan en demasía a los candidatos posibles y ponen en duda la libre concurrencia en función de méritos y capacidad, mientras que el vice portavoz del PSOE, Fernando León, señalaba que el simple hecho de rebajar de 95.000 a 75.000 los habitantes de la población en la que haya trabajado el o la candidata posiblemente no sea suficiente para que la Junta de Andalucía vuelva a impugnarlo. En ese caso, como decía el portavoz de Ciudadanos, a través de un contencioso administrativo.
Los socialistas, además, consideran que ese cargo ya no es necesario mientras que el delegado de Hacienda no justificó los requisitos exigidos en la convocatoria sino que acusó a Fernando López Gil de estar detrás de la impugnación de la Junta y de querer hacer daño a San Fernando.
Igualmente acusó al concejal de Izquierda Unida y a los socialistas de “trabajar para la Junta en vez de para el Ayuntamiento”, con lo que Gonzalo Alías se ha estrenado con la etiqueta de impostor ya puesta.
Manuel Raposo señaló una lista de casos en la provincia en los que los socialistas también habían puesto condiciones a las que sólo les faltaba el nombre de la persona que ocuparía los puestos convocados.
El propio alcalde intervino al final reiterando la supuesta injerencia de Fernando López Gil, delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz y dos veces candidato socialista a las elecciones municipales –una de ellas las ganó- en los proyectos de la Junta con el fin de boicotearlos.
José Loaiza aseguró que tras las intervenciones de los portavoces de Izquierda Unida y del PSOE “ya está claro que la Junta volverá a impugnar la convocatoria”. Y aclaró además que se trata de la provisión de destino de personas que “ya han aprobado una oposición” y que es necesario. La vice interventora, a todo esto, ya está ejerciendo de forma provisional.
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