Es la técnica de Saló, que Pasolini llevó al cine tan magistral y certera como descarnadamente. Los “creadores” del nuevo régimen, han dictado -nunca mejor dicho- unas leyes, normas de obligado cumplimiento para el pueblo, secuestrado, controlado por un ejército, a su vez vigilado por el partido, no vaya a surgir en sus miembros alguna “veleidad democrática”. Normas de obligado cumplimiento para “la plebe”, que no vinculan a los auto impuestos dirigentes: para ellos hay otra, distinta y, en tanto lo consideren necesario, claramente contradictoria; por lo tanto, hecha para incumplir la primera, la general. La que, al menos en teoría, debería obligar a todo el mundo, empezando por los “mandamases”, quienes han contraído el compromiso de predicar con el ejemplo. Por ejemplo. Entre otros, que tampoco cumplen.
Es el caso que sufrimos. Menos duro, salvo en la composición facial del legislador y del ejecutor, pero igualmente subversivo. El caso es que una ley -superior y acorde con la Constitución- impone unas condiciones determinadas para el caso de que se procediera a embargar el sueldo de cualquier ciudadano. Requiere superar unos ingresos mínimos y, en función de ellos, se aplica un porcentaje creciente. Se trata de no dejar a nadie sin recursos, porque, en clara evidencia, las primeras necesidades son las primeras a las que debe acudirse. Lo contrario podría dejar a la gente sin comer. O sin luz, o sin casa. Y eso es lo que hace la Administración, que no incumple esa Ley general, porque simplemente se la salta. Ayuntamiento, Diputación, Seguridad Social, Tráfico, Hacienda… todos los organismos de la Administración han sido autorizados, vía Decreto, al margen del estamento judicial -y por lo tanto sin la debida tutela-, a tomar directamente de la cuenta bancaria, la cantidad supuestamente adeudada por el ciudadano. Supuestamente, pues cuentan con otra poderosa arma: el ciudadano tiene derecho a recurrir al Contencioso-Administrativo… pero obligado a presentar un recurso separado por cada sanción, previo pago de unas tasas muy superiores al importe de lo reclamado. Por si fuera poco, la plena seguridad en la no recurrencia al alto Tribunal, pone en sus manos -también- la posibilidad de cobrarse multas erróneas o recurridas, sin ni siquiera haberse tomado la molestia de contestarlas. Lo aprovechen o no, ninguna Ley debería abrir ese mecanismo.
Enclenque moralidad, la que impide a una familia afrontar sus pagos más perentorios,“limpiando” su cuenta bancaria, después de haberle tratado como a vulgar moroso, sin -tampoco- tener en cuenta su situación económica. Situación a la que, por cierto, le ha empujado precisamente el desbarajuste económico-financiero creado por esa misma Administración. “Siempre habla un cojo”, dice el refrán. La lucha contra la “morosidad” -aunque el combatido no sea moroso en sentido estricto- la acomete el más moroso. Si los acreedores pudieran meter la mano en la caja de ayuntamientos y diputaciones, a estos no les quedaría para mariscadas. Esta vez, más que doble rasero, inmoral doble moral, enormes vigas en el ojo propio, para ocultar el tamaño de sus desafueros.
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