Corren tiempos convulsos y no solo en la política. En el ámbito de la familia, las comunidades de propietarios o los centros educativos los conflictos están a la orden del día. En estas circunstancias, mediar para no acabar en los juzgados se antoja necesario tanto para nuestros bolsillos como para la “salud” de unos juzgados colapsados con más volumen de asuntos del que les corresponde y, en muchos casos, por cuestiones que se podían haber resuelto sin llegar a este extremo. Sin embargo, a día de hoy la figura de la mediación es la gran desconocida por el ciudadano, muchos de los cuales ni siquiera saben de su existencia ni en qué consiste.
Por ello, aprovechando que esta semana se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación, la Asociación Adr Promedia, Mediadores de Conflictos, que integran casi una veintena de abogados y psicólogos, instaló un estand informativo en el hall de los juzgados de la Avenida Tomás García Figueras toda la mañana para repartir trípticos sobre este colectivo e informar sobre la figura de la mediación para acercarla al al ciudadano.
Las mediaciones más habituales son las de familia (entre cónyuges o paterno-filiares) y las vecinales. Sin embargo, lejos de lo que podría pensarse, la crisis no ha hecho que las personas se retraigan de acudir a los juzgados por estos temas, sino todo lo contrario, a juzgar por las declaraciones de Isabel Gómez, presidenta de ADR Promedias, Mediadores de Conflictos. En concreto, Gómez habla de un repunte de las mediaciones cuando esta asociación sin ánimo de lucro comenzó su actividad en 2011, y que en los últimos años se ha desinflado. “La crisis ha llevado a todo el mundo a que vaya a los juzgados y haya un colapso porque la mayoría de los usuarios son de justicia gratuita y no les cuesta nada al recurrir a un abogado de oficio”, señala.
No obstante, desde este colectivo (sito en c/ Santa María nº 19, 2º A)-que ofrecen una primera sesión gratuita para informar al demandante en qué consiste la mediación e información de todo el servicio- tienen claro que la falta de demanda se debe principalmente al desconocimientode su labor. Por ello, van a potenciarla en la calle para dejar de estar “invisibles” ofreciendo sus servicios a otras asociaciones a través de convenios. “El coste de las sesiones es mínimo, estamos hablando de 50 a 60 euros por sesión que van a pagar las dos partes”, aclara. Eso sí, siempre que se quiera evitar los juzgados hay que poner de acuerdo a la otra parte para someterse al proceso de mediación al tratarse de una decisión voluntaria. “Siempre va a ser más económico que ir a juicio además muchos de los acuerdos, como por ejemplo el de un convenio regulador tras un divorcio, se validan en los juzgados”. ¿Qué hace falta? Que tanto los poderes públicos como los propios ciudadanos apuesten por esta figura.
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