Un grupo de 26 padres y otros tantos a título particular se han personado ya como acusación en los juzgados en el caso de la directora de la escuela infantil La Casita detenida el pasado noviembre por un presunto delito contra la integridad moral de los niños que acudían a sus centros de La Cartuja y Olivar de Rivero.
Según han confirmado fuentes judiciales a este medio, después de haber prestado declaración el personal de los dos centros -desde la ex trabajadora que interpuso la denuncia que originó la investigación hasta la plantilla actual- serán ahora los padres los que sean citados a declarar para arrojar más luz a un caso que generó una gran alarma social en el ámbito de las tradicionales guarderías despues de trascender la detención de la responsable del centro por presunto delitos de malos tratos físicos y psíquicos a los menores. Unos supuestos malos tratos que consistirían en insultar a los niños, zarandearlos presuntamente, amarrarlos o lanzarles peluches, entre otras prácticas narradas por la trabajadora denunciante, que aporta vídeos y audios para sostener su testimonio.
En el caso de la demanda colectiva, el bufete Arnedillo Abogados de Cádiz es el que se encargará de llevar la representación al grupo de padres tras mantener varias reuniones con ellos a instancias de la Asociación Provincial de Escuelas Infantiles.
Desde este despacho han puntualizado además que hasta la fecha no se ha acreditado que el establecimiento en el que ocurrieron los hechos que están siendo investigados fuera una escuela infantil homologada por la Consejería de Educación, ni el tipo de licencia en el que estaba amparada su actividad.
La defensa habla de "descontextualización" de los hechos
Desde la defensa de la directora de la guardería, resaltan que las aportaciones y los videos que fundamental a la denuncia están “descontextualizados” ya que “ni la imagen ni la voz de la imputada aparecen”. Además, piden que se respete la presunción de inocencia de su representada, de la que señalan que está “noqueada con todo lo ocurrido” y aseguran que pese a su orden de alejamiento de 100 metros sigue gestionando la dirección “económica” de las guarderías sin acudir físicamente. Además, critican el “oportunismo” y la “contaminación” en el que han caído tanto padres del centro como antiguos usuarios en perjuicio de su patrocinada al tiempo que resaltan especialmente el hecho de que los dos centros de esta escuela infantil continúen su actividad, aunque con mucho menos usuarios, pese a las graves acusaciones vertidas a su clienta sin que en ningún momento entre las medidas cautelares se haya decretado su cierre, lo que, en su opinión, dice mucho en aras de la inocencia de la directora.
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