La empresa Castillo ha presentado un déficit de explotación de 745.000 euros en el servicio de autobuses urbanos durante el año 2015. Castillo, que no desveló la aportación recibida del Ayuntamiento para enjugar ese déficit, presentó ayer en la Comisión de Control y Transparencia unas cuentas que el PSOE calificó como “incongruentes”. Los socialistas han pedido una auditoría externa de la concesionaria del autobús urbano “a la vista del descontrol” en las cuentas presentadas, indicó la concejala socialista Matilde Cruz. “No han sido capaces de dar una explicación lógica ante las dudas planteadas por la oposición a los datos presentados por ellos mismos sobre el número de usuarios de transporte urbano y la subvención municipal recibida por este concepto”, señaló Cruz.
Hay que recordar que el Ayuntamiento está obligado a abonar a la concesionaria la diferencia con el precio del billete ordinario en aquellos viajeros que han usado un bonobús bonificado (mayores y estudiantes esencialmente). Pero los datos ofrecidos por Castillo reflejan que la liquidación por este concepto ha sido menor aunque el número de viajeros ha sido mayor. Así, se ha pasado de una liquidación mensual de 84.000 euros en 2013 a otra de poco más de 70.000 euros en los primeros meses de este año, un dato que pone de manifiesto el descenso en el número de viajeros, que están en torno a cinco millones al año.
“¿Cómo es posible que estas cuentas se hayan estado aceptando por el Ayuntamiento sin tan siquiera cuestionarlas y que haya sido hoy cuando nos hayamos topado con este panorama?”, se preguntó la edil socialista. Cruz recordó que en su etapa de Gobierno se diseñó un programa informático elaborado ex profeso para la concesionaria del servicio de Transporte Urbano de tal manera que el Ayuntamiento podría conocer en tiempo real el número de viajeros que suben a los autobuses y qué tipo de billete usan para su desplazamiento, una forma de ajustar la subvención que la empresa debe recibir “sin que el PP tenga que hacer un acto de fe aceptando los datos que la concesionaria le quiera dar”.
También se analizaron ayer las cuentas de la concesionaria Aqualia. Y también aquí el PSOE indicó que la documentación presentada ha sido “mínima”. Los socialistas han recordado que aún sigue pendiente de adjudicar el fondo de 21.000 euros acumulados desde 2014 por la empresa para familias con problemas para afrontar el pago de los recibos del agua.
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