El abogado del padre del bebé de siete meses que murió hace tres semanas por los presuntos malos tratos de sus progenitores, ambos en prisión tras el luctuoso suceso, ha pedido la imputación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a la que acusa de negligencia. Según el letrado, la actuación de la Consejería “raya en un delito de comisión por omisión al no haber intervenido para evitar que estos padres, inexpertos e infantiles y carentes del más mínimo sentido de la responsabilidad, pudieran hacerse cargo del bebé”.
Se trata de una cuestión muy delicada, pero, a la luz de reacciones similares en otros casos, podemos suponer que si la Junta hubiera intervenido previamente y decretado el desamparo del menor se la habría acusado poco menos que de su secuestro y de ensañarse con una familia sólo porque era pobre. En demasiadas ocasiones la Consejería se halla entre Escila y Caribdis: se la acusa tanto si actúa como si no lo hace.
El bebé sufrió un edema cerebral por fractura de cráneo y daños en los globos oculares, víctima de unos presuntos malos tratos que nada tienen que ver con la inmadurez o la inexperiencia de sus progenitores, personas mayores de edad y, por tanto, responsables de sus actos, una responsabilidad que no cabe descargar en la Administración. No es una cuestión de falta de conocimiento para ser padres (eso no se enseña), sino de falta de amor y de sensibilidad.
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