El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, ha acusado al alcalde, Juan Espadas, de mantener una actitud “irresponsable”; de usar la seguridad como “arma política arrojadiza” y de “querer romper el consenso en materia de seguridad de modo unilateral”. Y todo por haber reclamado aquél al ministro del Interior y exalcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, un plan de choque ante la falta de policías nacionales en nuestra ciudad, que ha estimado entre 350 y 500 agentes.
Tiremos de hemeroteca. El pasado 5 de diciembre de 2016, durante una de sus frecuentes visitas a la capital de Andalucía, el propio ministro reconoció que faltan policías en Sevilla y que se estaban tomando medidas “para subsanar este déficit”. Por tanto, Espadas no ha hecho más que repetir lo dicho por Zoido, con la única diferencia de poner una cifra a esa déficit policial oficialmente asumido y urgir a que, de forma coordinada entre las Administraciones, se redefinan las necesidades y el papel de todos los Cuerpos de Seguridad en nuestra urbe.
No puede acusarse, pues, al alcalde de quebrar consenso alguno ni de politizar la seguridad cuando se alinea con las palabras del ministro y superior de Sanz. Éste, claramente se ha extralimitado en su crítica y ha sido más papista que el Papa. En una sociedad madura y democrática ningún tema puede ser tabú y mucho menos la estimación del número de policías que hacen falta en Sevilla.
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