La corporación municipal de Cádiz ha intentado evitar el desahucio de una familia en la calle Benjumeda. Concejales de “Por Cádiz sí se puede” y el alcalde, José María González, han estado esta mañana junto a la familia, como han hecho siempre. Hasta el último momento, han pedido una moratoria del desahucio y han ofrecido alternativas para hacerse responsables como administración. El Ayuntamiento va a asegurar a esta familia una solución habitacional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que se debe garantizar el derecho de las personas a una vivienda antes de proceder a un desalojo. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben respetarse y aplicarse en todos los países que forman parte del Consejo de Europa. Una vez más, no ha sido así en el caso de esta familia en situación de vulnerabilidad con uno de los miembros con una discapacidad del 86% y otro menor de edad.
El 2 de junio se produjo el primer intento de lanzamiento de la familia. En aquella ocasión, se consiguió evitar el desahucio y les dieron la nueva fecha de lanzamiento: el 22 de junio. Desde el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se había solicitado una moratoria a la jueza titular del juzgado de primera instancia número 5 que les permitiera garantizar una solución habitacional a esta familia. La jueza rechazó esta petición y no se concedió la moratoria. También se intentó mediar con la propietaria, a través de sus abogados, ya que ella reside en Madrid, ofreciéndole adelantar algunos atrasos; obteniendo como respuesta que “no era cuestión de dinero”.
El Ayuntamiento ha estado hasta el último momento intentando conseguir la moratoria que permitiera encontrar una solución para esta familia y se han ofrecido diversas alternativas, incluida la de hacerse responsable como administración para que el propietario no sufriera perjuicio alguno.
La familia tenía un alquiler social que consiguió a través de la Junta de Andalucía al que podían hacer frente. Al acabar el contrato de la Junta de Andalucía con la propietaria, ésta impuso un alquiler que la familia no puede pagar con su pensión y su petición era un alquiler razonable teniendo en cuenta sus ingresos. El contrato con la Junta estaba extinto, pero la situación de vulnerabilidad social de la familia persiste; por ello, desde el Ayuntamiento, se va a pedir a la Junta que asuma su parte de responsabilidad.
Aunque el desahucio se ha producido y, de momento, la familia ha sido alojada en una pensión hasta que se le pueda ofrecer una vivienda social, el Ayuntamiento está trabajando para que ningún vecino de Cádiz vuelva a sufrir un desahucio.
El día de la investidura, el nuevo alcalde, José María González, aseguró que “el Ayuntamiento de Cádiz sería un escudo para su gente” y esta mañana, él y su equipo de gobierno, así lo han demostrado luchando por el derecho a una vivienda digna tanto en las administraciones como, incluso, con su propio cuerpo.
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