Las empresas y los servicios vinculados al sector de las telecomunicaciones volvieron a liderar en diciembre, un mes más, las quejas que los ciudadanos presentan en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), según el balance realizado por este órgano.
Así, durante el pasado mes, un 66,13 por ciento de las reclamaciones planteadas por los chiclaneros, un total de 82, estuvieron ligadas a este sector económico, mientras que la segunda posición fue ocupada por las tramitadas en relación al suministro de electricidad, de las que se registraron 9, es decir, un 7,26 por ciento.
Por lo que se refiere al contenido de estas denuncias, las que afectan a la telefonía versan sobre las discrepancias en las cantidades facturadas, los problemas a la hora de gestionar la portabilidad de una compañía a otra, el cobro de servicios no contratados, la tarificación adicional, y las quejas relativas al servicio de atención al cliente, que continúan un mes más siendo las cuestiones que conforman las reclamaciones en este sector.
También se ha registrado un reseñable número de quejas tramitadas en sectores como los seguros, con 8 (6,45 por ciento); así como la banca, con 4 quejas (3,23 por ciento).
En total, se tramitaron un total de 105 expedientes ante entidades y empresas afectadas por algún tipo de conflicto relacionado con los derechos de los consumidores. Estos expedientes corresponden a las 203 consultas realizadas por los ciudadanos de Chiclana de la Frontera durante el mismo periodo de tiempo. Unas cifras que indican que el 51,72 por ciento de las citadas consultas se convierte en expediente.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor tiene como objetivo ofrecer ayuda y orientación a los consumidores de la localidad. Para ello, se encarga de la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras oficinas de información al consumidor o asociaciones de consumidores.
Otro de los objetivos de este organismo es el de fomentar la educación y la formación de los ciudadanos, colaborando con otras entidades públicas y privadas en la defensa de los derechos del consumidor y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no ha sido posible lograr un acuerdo mediador.
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