Confieso sin pudor pertenecer al amplio grupo de españoles agobiados por la situación actual de su patria. En efecto: el porvenir de España se halla en entredicho, y la ciudadanía en general y los partidos políticos más en concreto no calibran bien el riesgo que corremos y la responsabilidad histórica que nos echarán en cara las generaciones futuras. Se ha impuesto el cainismo y así la máxima aspiración de no pocos es liquidar a sus rivales, sin pensar en que con ello se daña gravemente el país y alientan grupos indeseables, cuyo dominio significaría llevar a España al caos. Personalmente pienso que en el origen de nuestros males el factor clave de la situación estriba en la quiebra del estado de derecho. Me gustaría por ello recordar lo que este concepto implica y exige a gobernantes y gobernados: el imperio de la ley, la aceptación y observancia de las normas constitucionales.
A fin de que las leyes sean justas y aplicadas con acierto, sin abusos, el Estado se compone de tres poderes, que Montesquieu deslindó atinadamente: Legislativo (Parlamento), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial (Justicia), que entre sí son independientes en cuanto a las decisiones a adoptar. Nadie puede eludir su cumplimiento, desde el Jefe del Estado (Monarca en nuestro caso) hasta el último ciudadano. El Legislativo incluye a los parlamentarios que dictan leyes, constitucionalmente válidas; el Ejecutivo gobierna aplicando iniciativas legales, y el judicial se responsabiliza de que todo el juego político se ajuste al derecho. Ahora bien, ¿España cumple los requisitos de un estado de derecho? He de admitir mis dudas cuando las instituciones fallan más de lo deseable, en especial si se enfrentan a personas o grupos de mucho peso. El caso más desmoralizador es el del problema catalán. La tolerancia con los soberanistas ha llegado a cotas insoportables, en atención al indudable valor de Cataluña en el contexto hispano, su pasado y su presente. Pero el trágala que impone la Generalitat resulta inaceptable y anticonstitucional: diálogo sólo para aceptar su independencia. Si lo que Mas ya descaradamente exige, cargando sobre sus hombros la mayor responsabilidad en las turbias maniobras, no ha despertado al Fiscal General y todo queda en una querella en manos de la propia justicia catalana, apaga y vámonos. El paso siguiente serán elecciones plebiscitarias en las que cabe todo, y por supuesto que el deseo de los partidos se decante hacia la segregación. La pregunta obvia es: ¿se está respetando el espíritu de la Constitución? La respuesta nos la proporciona su artículo 155 que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase en forma que atente gravemente al interés de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado podría adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protección del mencionado interés general”. Personalmente, creo que el Gobierno de España no ha mostrado la firmeza necesaria para intimidar a los soberanistas haciendo uso pleno de la legalidad en el momento oportuno. El sentimiento generalizado de los que creemos en España ha sido de tristeza por la humillación sufrida. Al parecer, Rajoy ha infravalorado la decisión de Mas y la situación ha llegado a un límite en el que ya solamente cabía el uso de la fuerza pública con todas sus consecuencias. Me atrevo a pensar que quizá esto era lo esperado por los independentistas para crear una grieta insalvable entre ciudadanos españoles. La consecuencia más lamentable ahora es que la decisión de Rajoy ha sentado un peligroso precedente. Amenazar la unidad de España puede convertirse en una decisión gratuita al alcance de muchos indeseables. Concluyo mi reflexión citando el comportamiento de la Justicia española en el caso Pujol. Que este político, al cabo de decenas de años aún no haya recibido el tratamiento merecido, cuestiona gravemente el estado de derecho. Pocas veces una doctrina de gobierno correcta se ha deteriorado tanto y la ciudadanía se ha tornado tan intolerante y tan mal predispuesta.
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