El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado este jueves que la intervención de las cuentas de la Generalitat se levantará cuando el Ministerio de Hacienda compruebe que "el dinero de todos los catalanes se destina para garantizar los servicios públicos y todo es legal".
"El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos que el dinero público que pagamos con nuestros impuestos no se malgasta, y aquí esto está pasando", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha cuestionado que Hacienda ponga fin a la intervención si, tras los comicios del 21 de diciembre, surge un Govern con el mismo objetivo político que el anterior.
Para Millo, se ha verificado que la Generalitat ha destinado dinero a cuestiones que no son servicios públicos, pero ha descartado que la intervención pueda extenderse a otras comunidades autónomas cuyos ejecutivos se han visto implicados en casos de corrupción.
"Corrupción lamentablemente la hay en todos sitios y de todos colores, pero un Gobierno autonómico que haya decidido romper con su Estatut y la Constitución y declarar unilateralmente la independencia no ha habido ningún otro", ha añadido.
Así, ha emplazado al nuevo Govern que surja del 21-D, aunque sea independentista, a "aceptar las reglas del juego y, si las quiere modificar, hay reglas para modificarlas".
"Todo Govern que respete la legalidad democrática vigente puede defender el objetivo que estime oportuno", ha insistido, aunque su pretensión sea la independencia de Cataluña.
QUERELLA A MARTA ROVIRA
Millo ha reiterado que las acusaciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que acusó al Gobierno de amenazar con violencia e incluso muertos si se proclamaba la independencia son "una manipulación inaceptable y una mentira perversa".
"No se puede descartar que, si la mentira se reitera, se pueda presentar alguna querella", ha advertido.
HERIDOS EL 1-O
Ha lamentado que durante el referéndum del 1 de octubre hubiera personas que resultaron heridas, y ha aseverado que aunque muchos ciudadanos que acudieron a votar lo hicieron pacíficamente, también hubo quienes "iban de otra forma muy diferente".
Sobre la actuación policial, ha considerado que "a nadie le gusta" que se produzcan cargas pero ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto por el que prohibía la consulta y pedía a los cuerpos de seguridad que la impidieran.
Así, ha revelado que planteó al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que los colegios se cerraran "y que la gente estuviera en la calle si quería, y si quería votar, que votaran en las sedes de los partidos o en la plaza del pueblo".
"La conclusión de mi propuesta era que pudiéramos decir que cumplíamos el auto y que la gente pudiera expresar sus ideas y hacerlo legalmente", ha argumentado.
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