La Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que visite el centro penitenciario de Archidona (Málaga) en relación a la posible presencia de menores que no hayan sido identificados como tales entre el medio millar de inmigrantes internados.
El presidente del colectivo, Estanislao Naranjo, ha reclamado al Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía que "gire visita y sirva de garante" para que las organizaciones sociales no vinculadas al Ministerio del Interior puedan tener acceso y, con su supervisión, poder entrevistar a todos los internos.
En un comunicado, la Red resalta que la guardia, custodia y tutela de los menores que puedan haber llegado a nuestras costas es "competencia de la Junta de Andalucía" y reitera que se han dado "graves casos en los que el Ministerio del Interior se ha negado a reconocer la edad de los menores migrantes".
Por este motivo, sostiene que "es imperativo que se proceda a realizar una misión de inspección al centro penitenciario de Archidona", cuya apertura está prevista el próximo enero y ha sido habilitado provisionalmente para la acogida de los inmigrantes llegados el pasado fin de semana a Murcia y Almería.
En una reunión mantenida ayer con representantes de la Junta de Andalucía, el colectivo expuso las "graves deficiencias" que tiene el centro y los "procesos a todas luces deficitarios" que, a su juicio, ha aplicado el Gobierno de España en esta materia.
Por su parte, la senadora de Podemos Andalucía, Maribel Mora, ha informado de que ha solicitado al Gobierno central la visita urgente al centro penitenciario de Archidona para mañana viernes.
Mora considera que este "nuevo CIE-cárcel" imita el modelo del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, lo que califica de "completamente inadmisible en un Estado de derecho y un Estado que respete los derechos humanos".
Además, la senadora ha solicitado la comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la decisión de trasladar a los inmigrantes a la futura prisión.
La decisión del Gobierno de recluir en la cárcel pendiente de abrir a medio millar de inmigrantes ante la falta de espacio en los centros de internamiento ha conllevado duras críticas del PSOE, Podemos e IU.
Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido que la legislación española prevé que se puedan usar cárceles como CIE en casos excepcionales siempre que los inmigrantes no tengan contacto con los presos comunes.
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