La primera sesión del juicio por el conocido caso de las obras de la casa del Rocío puso en cuestión el rigor seguido por el Ayuntamiento a lo largo de todo el procedimiento, que según el exhermano mayor de esta corporación, Francisco Gómez, careció de un convenio que articulase de algún modo la relación entre las partes.
Tanto es así que el propio Gómez aseguró que un par de años después de la finalización de las obras, el constructor José Grimaldi le exigió personalmente el abono de 600.000 euros, una cantidad que en ningún caso se correspondía con el importe de los trabajos llevados a cabo en el edificio de la aldea de El Rocío.
Francisco Gómez fue el primero de los imputados en prestar declaración en la jornada inicial del caso abierto en la sección octava de la Audiencia Provincial. Además, ayer también ofrecieron su versión de los hechos el arquitecto municipal José Manuel Muñoz Alcántara y el exgerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).
Gómez recordó que como hermano mayor de la Hermandad del Rocío pidió colaboración municipal para “adecentar” la casa que la corporación posee en la aldea almonteña, dado que en 2007 celebraba su 75 aniversario. En concreto, se pretendía que el Ayuntamiento acometiese el adecentamiento de un salón y de la fachada principal del edificio. Es evidente que aquellas pretensiones iniciales se vieron rápidamente superadas, toda vez que el coste final de las obras -de una envergadura mucho mayor a la prevista- se disparó supuestamente hasta casi 300.000 euros, cuando al principio se había estimado un coste de 77.000.
“Una vez que comenzó la ejecución de las obras iban proponiendo cosas nuevas, que si una ventana nueva, el arreglo de una caldera, la sustitución de una puerta que se caía... Si me dan un caramelo para mis hijos, lo cojo”, argumentó Francisco Gómez, que aseguró que esos “ofrecimientos” venían por parte del “director técnico de las obras”, el arquitecto municipal José Manuel Muñoz, con quien inspeccionaba el ritmo de los trabajos “cada dos semanas”.
Eso sí, en ningún momento se habló de cómo se iban a pagar las obras. “Ni me preguntaron ni yo pregunté”, aseveró Francisco Gómez, que siempre tuvo claro que se trataba de “un regalo” del Ayuntamiento y que negó la firma de ningún tipo de convenio en el que se plasmara esa colaboración.
“Año y medio o dos años” después de la finalización de los trabajos, Gómez recibió una llamada del constructor José Grimaldi, que le citó en las afueras de la ciudad “a una hora intempestiva”. “Me contó que se había tratado de quitar la vida siete veces, que la Hermandad del Rocío le debía 600.000 euros y que se lo tenía que pagar. Venía con dos personas más. Le dije que me parecía una burrada lo que me estaba pidiendo, porque yo podía calcular que el coste de la obra sería de 100.000 ó 110.000 euros y porque yo no había contratado nada ni le conocía”, explicó.
Gómez puso en conocimiento de la GMU lo que llegó a considerar una “amenaza” y desde allí admitieron que el pago de las obras “era cosa del Ayuntamiento”, mensaje que posteriormente trasladó al propio Grimaldi.
Sin dirección facultativa
El arquitecto municipal José Manuel Muñoz también admitió que en su presencia “nunca se habló” de cómo se pagaban estas obras, limitándose a recordar que “desde un primer momento” entendió que entre el Ayuntamiento y la Hermandad del Rocío existía “un acuerdo-convenio” que regulase todo el procedimiento.
Muñoz admitió sus visitas a la casa de la aldea almonteña, pero en ningún caso como director facultativo del proyecto, ya que a su juicio se trataban de trabajos menores que no precisaban de ello.
Su labor consistía en “asesorar técnicamente” a la hermandad, si bien rechazó que fuera él la persona que adoptase la decisión de ejecutar más obras de las inicialmente previstas y asegurando desconocer de quién partían aquellas órdenes.
El arquitecto municipal sí había elaborado con anterioridad un proyecto más ambicioso, presupuestado en 297.000 euros, pero que no se llevaría finalmente a cabo ya que se optó por “un adecentamiento” de la casa.
Cruz dice que las facturas eran “burdas”
El exgerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Cruz de Sola, explicó en su declaración ante la jueza que “nunca” supo nada acerca de las facturas falsas con las que, según el fiscal, se querían pagar las obras ejecutadas en la casa de la aldea almonteña.
Para este responsable municipal es “prácticamente imposible” que “alguien no se de cuenta” que una factura es falsa, ya que en el procedimiento hasta su abono intervienen “14 ó 15 personas distintas” del Ayuntamiento. Y más en este caso que eran, según se ha visto después en el sumario, tan “burdas” que hasta hubo siete fechadas el mismo día y por las mismas cantidades.
El abogado de Pedro Pacheco, Manuel Hortas, entiende que en esta primera sesión del juicio ha quedado demostrado que las obras que se hicieron en la casa de El Rocío eran “subvencionables” por lo que no entiende que estemos ante un delito penal. No es de la misma opinión el fiscal, que acusa a Pacheco de prevaricación, delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración, en concurso medial con el de malversación en grado de tentativa.
Manuel Hortas explicó por último que Pedro Pacheco acude a este nuevo juicio “hastiado” de tantos procesos judiciales y con “ganas” de que se le escuche.
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