Un paso primordial para saber si las entidades bancarias han delinquido al colocar participaciones preferentes a muchos ahorradores onubenses. Y es que la Fiscalía Provincial ya trabaja para incoar las diligencias y trasladar a la Policía Nacional la documentación que posee con el fin de decidir si se judicializa esta polémica práctica financiera.
Según pudo saber Viva Huelva a través de fuentes policiales, Fiscalía y Policía trabajarán de la mano en esta investigación, algo que confirmó este martes a este periódico Jesús Jiménez Soria, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial.
Atendiendo a la explicación de Jiménez Soria, la Fiscalía tiene en su mano unos 40 expedientes de otros tantos onubenses que han denunciado el ‘secuestro’ de sus ahorros con las participaciones preferentes.
Para llegar a este punto pre-procesal, los afectados denunciaron en su día la situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y ante las autoridades de consumo, que trasladaron los casos a la Fiscalía Superior de Andalucía. Ahora, la Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado la documentación a la Fiscalía Provincial, que ya trabaja para iniciar las diligencias de una investigación que puede suponer un antes y un después a la hora de poner nombre a las muchas presuntas prácticas abusivas de las entidades bancarias con los pequeños y medianos ahorradores.
El trabajo a llevar a cabo
Llegados a este punto, una vez que reciba la documentación por parte de la Fiscalía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Huelva, se pondrá manos a la obra para investigar si en el modo de colar las participaciones preferentes, las diferentes entidades bancarias han incurrido en delito de estafa.
Así, en breve los agentes policiales comenzarán a indagar poniéndose en contacto con los afectados, y con los representantes de las entidades. Los atestados que resulten de la indagación policial se remitirán a la Fiscalía, que decidirá si los casos se judicializan o se archivan. Matizar en este punto, que la investigación se llevará a cabo caso por caso con cada uno de los alrededor de 40 expedientes que posee la Fiscalía Provincial. Según las estimaciones de Jiménez Soria, ateniéndose a la “eficacia” de la UDEF de Huelva, en un plazo aproximado de seis meses este proceso de investigación podría haber concluido.
En caso de que alguna de las prácticas de venta de participaciones preferentes acaben en juicio, y se demuestre el delito de estafa, la condena-indemnización la tendría que asumir una persona física, llámese director de la sucursal o comercial que ejerció la venta, y de manera subsidiaria la entidad bancaria.
“Es el primer paso”, valora Jiménez Soria. Pero había que darlo. Para que los afectados sepan si los bancos lo estafaron de mala manera y, si es así, poder liberar sus ahorros secuestrados por las tristemente famosas participaciones preferentes.
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