Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, primeros padres que llevaron ante los tribunales el supuesto robo de su hija, nacida en un hospital de Granada en junio de 1990, han trasladado al Parlamento Europeo su caso tras su reciente archivo judicial, que consideran plagado de graves contradicciones e irregularidades.

Los progenitores han ofrecido una rueda de prensa para exponer su caso ante los medios de comunicación e informar de la presentación de la que consideran la primera queja formal presentada ante esta institución europea por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la Justicia Española en su causa y en otras similares.

En el escrito de nueve páginas presentado ante el Parlamento comunitario, al que hoy ha tenido acceso Efe, denuncian el intento de "ocultamiento" de "atrocidades" como el robo de bebés, que califican como delitos de lesa humanidad y una flagrante violación de los derechos humanos más elementales.

Sostienen que, en su caso, concurrirían "gravísimas" irregularidades judiciales y policiales de las que podría desprenderse la existencia de una "posible corrupción" dentro del Ministerio de Justicia, en concreto en el Instituto Nacional de Toxicología, y de la Policía Judicial.

Con el traslado y queja formal al Parlamento Europeo pretenden, ha explicado Raya, que se declare -aunque sin carácter vinculante- la incorrecta actuación por parte de España y sus instituciones en su caso y otros muchos parecidos que también han sido archivados.

Consideran en este sentido que hay órdenes de la Administración del Estado para que no salga adelante ningún caso de niños robados o bien que ni la juez, la fiscal jefe de Granada o la Policía Judicial se han leído las actuaciones ni los documentos obtenidos durante la investigación.

También dudan de la actuación del Instituto Nacional de Toxicología durante la instrucción, que habría llegado a informar sobre unos restos incluso 40 días antes de recibir los mismos, lo que demostraría en su opinión que sus resultados estaban "predeterminados".

De forma paralela, ha anunciado que ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo de la investigación que se seguía en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y que, si esta no reabriera su causa, la llevará al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo "o donde hiciera falta" para que se conociera la verdad.

Raya mantiene que le cambiaron a su hija por un recién nacido moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada y se basa en diferentes pruebas de ADN que encargó a varios laboratorios que dictaminaron que los restos que había enterrado no pertenecían a su bebé.

Los estudios aportados por el progenitor entran en contradicción con los ordenados por parte del Juzgado Instructor, que ya en un primer momento decidió archivar provisionalmente su caso al entender que las pruebas practicadas no habían sido determinantes.

El padre considera además "falsa" la prueba de unos restos de hígado supuestamente de su hija aportados por el Clínico y que cree que aparecieron "milagrosamente" después de más de 20 años desde el nacimiento para la defensa del centro hospitalario.

Todo ello le llevó a solicitar la reapertura de la actuaciones, ahora archivadas, y la declaración de todo el personal médico y sanitario que intervino en la cesárea de su mujer, unos como imputados y otros como testigos.