La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado este martes que la Junta está estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley del Gobierno central del pasado día 13 sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al entender, según un primer análisis, que existen causas de inconstitucionalidad en varios artículos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez Aguayo también ha expuesto que ese real decreto-ley supone para Andalucía un "mayor coste" en ocho millones de euros, puesto que se establece una mayor carga para la Junta por pago de IVA por cerca de 100 millones de euros y menores ingresos para la administración autonómica de 59,8 millones de euros en tema de dependencia.
Concretamente, ha explicado que la supresión de la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno ha decidido para este año supone para Andalucía un ahorro de 453,1 millones de euros, mientras que las pagas adicionales que la Junta había previsto eliminar en su plan de ajuste suponían en su conjunto un menor gasto de 294 millones. En este sentido, restando una cantidad a la otra quedaría un margen de 159 millones, que, sin embargo, según Carmen Martínez Aguayo, quedan eliminados como ahorro por el efecto de los 100 millones que suponen el pago del IVA para la administración autonómica y por el hecho de que no vayan a llegar como ingresos 59,8 millones por la reducción del estado en fondos para dependencia.
La consejera ha querido dejar claro que los ocho millones de coste adicional no es modo alguno una cantidad relevante que ponga en "riesgo" el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento, sino que es perfectamente absorbible.
No obstante, ha apuntado que resulta curioso que un real decreto-ley que pretende reducir gastos cargue a las comunidades con un gasto derivado del IVA, sobre todo, cuando no se quiere hacer partícipe a éstas del rendimiento del citado impuesto del 50 por ciento.
En cuanto a la posible inconstitucional del real decreto-ley, la consejera ha detallado que afectaría a artículos como los relativos a la negociación colectiva, a los permisos sindicales, a la capacidades que tenía la comunidad autónoma en el tema de incapacidad temporal y al hecho de que esa normativa estatal establece como límite máximo de permiso maternal doce semanas, mientras que la Junta tiene establecido cuatro meses más.
Sobre este último aspecto, ha indicado que la normativa previa permitía un margen de adicionalidad en el uso de las competencias a la comunidad y "así estaba regulado y pactado". Ha señalado que dicho margen, el de las cuatro semanas adicionales, desaparece para 2013 como consecuencia del real decreto-ley.
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