La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido hoy el Plan de Reequilibrio Económico Financiero aprobado por la Junta, mientras el PP ha acusado al Gobierno andaluz de no actuar sobre la "grasa política" sino aplicando recortes sociales.

Durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz la consejera ha argumentado que se trata de un plan "fuertemente condicionado" por las decisiones del Gobierno de España y que ha sido adoptado "por responsabilidad" y porque la Junta es "consciente de que la situación actual demanda unidad para fortalecer la posición de España en los mercados internacionales".

Martínez Aguayo ha considerado "desproporcionado e injusto" el ajuste al que se ve obligada la comunidad andaluza que sería "innecesario" a su juicio "si el Gobierno central cumpliera con las obligaciones que tiene para con Andalucía" y si el objetivo de déficit de las comunidades se estableciera con otro criterio.

"Si se modificara el criterio y el déficit se estableciera en función de la población y no del PIB habría un margen de 620 millones de euros que minimizaría mucho el impacto de los ajustes en el sueldo de los empleados públicos", ha defendido la titular de Hacienda.

El diputado del PP José Antonio Miranda ha argumentado que el plan de reequilibrio de la Junta "no actúa sobre la grasa política y la administración paralela sino que se materializa en recortes sociales, bajadas de retribución a los empleados públicos, recortes de la inversión productiva y subida de impuestos".

Ha acusado a los socialistas de crear durante 30 años una estructura que "asfixia" el desarrollo económico de Andalucía y "no es útil" para la creación de empleo y ha aseverado que la comunidad se encuentra "en el último puesto de España en desarrollo y el primero en desempleo", de lo que ha responsabilizado al PSOE "y ahora también a sus socios de IU".

"El objetivo de déficit se puede cumplir de muchas maneras", ha asegurado Miranda, que ha espetado a la consejera que la Junta podía haber aplicado los recortes en el capítulo 4 de los presupuestos autonómicos, pero no lo ha hecho así porque uno de sus objetivos es "mantener el aparato político".

Ha criticado a la Junta por solicitar "ahora" un cambio en el criterio para establecer el déficit y le ha acusado de mantener una "soberbia que le impide hacer autocrítica", además de no aplicar las reformas necesarias para ser competitivos.

La consejera ha respondido que considera el concepto de "grasa política" una "terminología impropia que pone blanco sobre negro lo que piensa el PP sobre el conjunto de empleados y empresas públicas", hacia los cuales considera que es "ofensivo" y una "falta de respeto".

"Si grasa política son 5.280 sanitarios, más de 3.000 trabajadores dedicados a fomento del empleo y la actividad económica o más de 5.000 en parques naturales, el Infoca o la gestión de residuos, a mucha honra", ha sentenciado Martínez Aguayo.

Para la titular de Hacienda los populares "miran las cuentas de Andalucía de una manera partidista y francamente equivocada", por lo que ha mostrado su sorpresa por que éstos "digan que Andalucía es la que no tiene credibilidad o tiene cuentas insolventes si se asoman a los datos de pago a proveedores o de déficit de cualquier otra comunidad", en las que además se producen despidos, ha dicho.

La consejera ha insistido además en que Andalucía "cumplirá su compromiso" con la estabilidad presupuestaria, "aún a sabiendas de que su reparto es poco racional y profundamente injusto" y ha criticado de nuevo que el gobierno central haya fijado un objetivo de déficit igual para todas las comunidades.

Miles de andaluces se manifiestan contra los "recortes" del Gobierno

Miles de andaluces, unos 56.000, según los sindicatos UGT y CCOO,  y unos 16.600, según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han manifestado este tarde de miércoles en todas las capitales andaluzas para "defender sus derechos y mostrar la respuesta contundente que se merecen las políticas, recortes y agresiones del Gobierno central, rechazando esas agresiones"

   CCOO y UGT pretenden que en esta convocatoria, efectuada a nivel nacional bajo el lema 'No te calles. Defiende tus derechos', los andaluces "tomen las calles" y rechacen "la extorsión económica y la especulación financiera, se opongan a la opción ideológica de la derecha político-económica que nos está arruinando", además de seguir "mostrándose en contra de la reforma laboral y de los recortes de la Junta de Andalucía".

   En Andalucía, todas las manifestaciones han empezado en torno a las 20,00 horas y han salido, en el caso de Almería, de Puerta Purchena, donde, según los sindicatos, se han concentrado 4.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno lo cifra en 1.000 personas; de la Plaza Asdrúbal en el caso de Cádiz, con 8.000 asistentes según las centrales y 2.500 según el Gobierno; de la Glorieta Cruz Roja de Córdoba, con 5.000 asistentes según los sindicatos, en unos datos coincidentes con los de la Delegación del Gobierno.

   En Granada salieron de la Plaza del Triunfo, con 9.000 participantes, según los sindicatos, y 2.000, según el Gobierno; en Huelva, de la fuente de los Bomberos, con 7.000 personas asistentes, según sindicatos, y 800 personas, según el Gobierno; en Jaén, de la Plaza de las Batallas, con 4.000 personas, según las centrales sindicales y 800 según el Gobierno; en Málaga, unas 9.000 personas salieron de la Alameda de Colón según los sindicatos y 1.000 según la Delegación del Gobierno en Andalucía; y en Sevilla la manifestación ha salido de la Puerta de Jerez, con 10.000 asistentes, según los sindicatos, y 3.500 según la Delegación del Gobierno en Andalucía.

   Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, han participado ambos en la manifestación de Sevilla y consideran que "los recortes en las comunidades autónomas y su afectación a los trabajadores son un exponente más de esta política económica que hay que cargarse, y hay que hacerlo desde la movilización ciudadana".

   El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha vuelto a insistir en que a estas concentraciones están llamados todos los ciudadanos y, en concreto, todos los empleados públicos de la Junta, para mostrar su rechazo contra las políticas de recortes del Gobierno central y contra el Plan de ajustes de la Junta de Andalucía.

   Asimismo, Pastrana, quien ha participado en la protesta de Sevilla junto a Francisco Carbonero, ha advertido de que el sindicato no va a asumir ni recortes ni despidos ni disminución en los derechos.

   Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha asegurado que "hay razones más que sobradas para que la gente salga a la calle a rechazar las políticas de recortes impuestas desde Europa y rechace la reforma laboral, que está empobreciendo a la gente".

   Tras pedirle a Rajoy que "no mienta más", Carbonero ha reiterado su llamamiento a la movilización, de forma que se muestra seguro de que "si los gobiernos persisten en esta política, al final saldrán" y ha advertido de que, en el caso de España, "Rajoy no llegará a la próxima legislatura si mantiene estas políticas".

Griñán defiende un plan de ajuste que evita despidos y no privatiza servicios

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido los aspectos que diferencian a su juicio el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz del de otras comunidades autónomas y que se basan en que evita despidos y la privatización de servicios públicos en sanidad y educación.

Griñán, que ha presidido hoy el acto de presentación de la memoria de 2011 del Consejo Consultivo de Andalucía, ha señalado a preguntas de los periodistas que la política de ajuste aplicada por la administración autonómica "viene en un 95 por ciento deducida por decisiones del Gobierno central" contenidas en los Presupuestos Generales del Estado y en decretos leyes que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, incluida la andaluza.

Pero en su opinión, el plan de ajuste del Gobierno andaluz difiere de las políticas planteadas por otras comunidades en tres aspectos esenciales, el primero de ellos que evita despidos.

"Por tanto, tendremos que jugar con el factor sueldos y salarios, pero sin que eso suponga dar de baja a funcionarios y empleados públicos", ha argumentado Griñán, para quien los otros aspectos diferenciales son que la Junta no privatizará servicios públicos relacionados con la sanidad y la educación y que esta última -la educación- seguirá siendo "el objetivo preferente" de la Junta.

Griñán se ha referido a los "muchos sacrificios" que están haciendo los funcionarios en un momento en que la política del Gobierno central, la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) está siendo "equivocada" en numerosas cuestiones, como la de creer que "conteniendo el gasto público se va a solucionar la crisis".

En su opinión, el "recetario" para salir de la crisis debe pasar por la intervención del BCE en el mercado de la deuda impidiendo la subida de la prima de riesgo y por políticas de estímulo económico que "no lo basen todo en los recortes del gasto público".

El presidente de la Junta, para quien con esas medidas los ajustes "probablemente no tenían que haberse hecho", ha mantenido que en sanidad y educación, "cualquier recorte que se haga hoy es perjudicial de cara al futuro".

Ha defendido, como otras veces, una conferencia de presidentes en España para determinar las políticas que hay que priorizar, así como la unión de los partidos políticos, empresarios y sindicatos para "defender el valor España y una política diferente al euro".

El Gobierno de España "se ha dado cuenta ahora" de que el BCE debe intervenir en los mercados financieros y de que hace falta una política económica, fiscal y bancaria común, ha dicho Griñán, que dice coincidir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en que los fondos de "rescate" vayan directamente a los bancos y no sea el Estado quien tenga que pedirlos para prestarlo a las entidades.

La nómina ya bajará en julio

Por obligación y con un “profundo desacuerdo”. Así aprobaba ayer el Consejo de Gobierno el plan de reequilibrio financiero que pretende reducir en 2.500 millones el gasto de la Junta, de los que unos 750 millones saldrán de los sueldos de los funcionarios públicos, con cuya representación sindical no se ha conseguido alcanzar ningún acuerdo.

En la nómina de julio todos los empleados públicos verán reducidos sus salarios, aunque la Junta ha introducido algunas modificaciones con respecto a su propuesta inicial y que son fruto, según la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, carmen Martínez Aguayo, de las aportaciones de los sindicatos, cuyas protestas, como las de los funcionarios, dijo entender y comprender.

Los funcionarios se encontrarán con una reducción media del salario del 10%, que inicialmente estaba establecido en el 15%, tras la trasposición a la Administración andaluza de la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y de la jornada lectiva a dos horas más.

Además, se mantendrá el complemento específico -que iba a desaparecer- en un 1% “residual”, lo que permitirá recuperarlo en un futuro, ya que las medidas son temporales y transitorias hasta 2013 cuando que se recuperen los ingresos, según reiteró ayer la consejera. De igual modo disminuyen en un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).

Además, se establece una garantía de protección de las rentas más bajas, de forma que no se aplicarán los ajustes a todo aquel empleado público que cobre menos de mil euros. También se suspenden las ayudas de acción social y de jubilación anticipada.

A estas medidas se une otra nueva reducción de sueldos de los altos cargos un 7,5%, dos puntos y medio más de lo previsto, un gesto que Aguayo tachó de simbólico dentro de los apenas 30 millones que con estas modificaciones se reduce la cantidad inicial de recorte, que era de 770 millones de euros, en el capítulo de personal.

La consejera quiso insistir en que el ajuste se hace “manteniendo el máximo empleo posible, sin cerrar servicios públicos y sin privatizar”, eligiendo la opción de “repartir trabajo y reducir salarios”, y que se ha buscado el máximo consenso sindical, “que no ha sido posible obtener”.