El inicio del tercer juicio del caso Imelsa ha vuelto a plantear el debate sobre la legalidad de las grabaciones que realizó durante años el exgerente de esta empresa pública de la Diputación de Valencia y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, así como su veracidad y custodia.
El letrado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha vuelto a exponer al tribunal la supuesta injerencia en los derechos fundamentales de su defendido que supuestamente se ha cometido al hacerse públicos los audios que grabó durante años y que su exsuegro, Mariano López, entregó primero a la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera del Gobierno valenciano, Rosa Pérez, y después al fiscal.
Esta reivindicación ha estado presente en las otras dos piezas de esta macrocausa ya juzgadas, y en la sentencia que se conoce -la primera- fueron admitidas por el tribunal.
Por otra parte, Navarro ha advertido este letrado de la supuesta irregularidad que cometió el instructor al excederse más de cinco meses en admitir la petición de causa compleja que realizó el fiscal en julio de 2016; y en consecuencia ha pedido que se supriman de esta causa varias diligencias posteriores a esa fecha, entre ellas varias declaraciones de su defendido, en la época en la que colaboró con la justicia.
El fiscal Pablo Ponce ha solicitado la declaración en calidad de testigo del guardia civil que analizó los lápices de memoria con los audios de Marcos Benavent y la incorporación como prueba de una auditoría de la firma Servimun, peticiones ambas que han sido admitidas pese a la oposición de las defensas.
Sobre la legalidad de las grabaciones y los registros impugnados por las defensas, el fiscal ha defendido su plena validez y la sala ha indicado que analizará todas estas cuestiones en el desarrollo del juicio y reflejará sus conclusiones en la sentencia.
Sobre la posible irregularidad cometida por el instructor a la hora de prorrogar la causa en 2016, el fiscal ha señalado que nadie impugnó dicho plazo en su momento, ha subrayado que todas las declaraciones de los procesados se efectuaron antes de la petición de prórroga y ha mencionado sentencias anteriores para insistir en que, en cualquier caso, que el juez acordase la prórroga fuera de plazo no invalida las diligencias posteriores.
Sobre este extremo, la sala igualmente ha pospuesto su pronunciamiento a la sentencia.
La pieza del caso Imelsa que se juzga a partir de este martes está relacionada con presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación del servicio de atención telefónica de la Diputación, que desarrolló la empresa Servimun, que supuestamente utilizó el exsuegro de Benavent para hacerse con comisiones.
Se trata de la segunda vez que el expresidente de la Corporación provincial con el PP Alfonso Rus es juzgado en relación con el caso Imelsa, mientras está a la espera de conocer la sentencia de la pieza referida a la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.
Además de Rus, en esta causa constaban otros siete investigados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales, si bien se ha acordado recientemente el sobreseimiento de la causa respecto de uno de los acusados, el responsable legal de Servimun, por motivos de salud.
Junto a Rus, se sentarán en el banquillo Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, dos funcionarios de la Diputación, y dos familiares del propietario de Servimun.
La Fiscalía reclama 8 años de prisión para Rus; 4 años y medio para Marcos Benavent; 13 años para el exsuegro de este y 6 años para un funcionario de la Diputación que supuestamente colaboró en el amaño como penas más relevantes.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención telefónica y telemática a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
Según la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa adjudicataria del contrato recibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros.
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