La jueza de Sevilla que investiga el brote de listeriosis detectado en el verano de 2019, que causó cuatro fallecidos y varios abortos, ha confirmado que los técnicos de los laboratorios que analizaron o controlaron la actividad de Magrudis no tienen ninguna responsabilidad penal en lo ocurrido.
En un auto fechado el 3 de noviembre al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla desestima el recurso de reforma que el abogado de varios afectados presentó contra una providencia del 2 de septiembre en la que la magistrada ya rechazaba llamar a declarar como investigados al gerente de Tecoal-Microal y una técnica de Biocontrol y, como testigos, a cinco empleados del primer laboratorio.
"Para llamar a una persona en calidad de investigado es necesario que exista, al menos de forma indiciaria, (...) una vinculación entre la persona y los hechos que se investigan", expone la jueza.
En el caso de los responsables de los laboratorios, el auto recuerda que declararon como testigos "y aclararon su participación y relación con Magrudis", por lo que "su actuación ha sido ya esclarecida y no existe indicio racional de criminalidad" contra ellos.
La jueza, en una resolución adelantada por Diario de Sevilla, relata que Tecoal mantenía una "relación comercial esporádica" y "se limitó a realizar análisis puntualmente" con la empresa donde se localizó el foco del brote, a la que ofrecía un servicio de "asesoramiento y control periódico analítico", a lo que añade que Magrudis "rechaza otro tipo de relación".
El gerente de Tecoal-Microal comunicó por teléfono y correo electrónico a Magrudis que una muestra de su carne mechada había dado positivo en listeria en febrero de 2019, meses antes de que la Junta de Andalucía decretase la alerta sanitaria el 15 de agosto, según explicó durante su comparecencia en el juzgado, el pasado 9 de marzo.
En cuanto a la responsable de Biocontrol, que declaró como testigo el 25 de febrero, "consta que se limitó a prestar asesoramiento técnico al trabajar para la empresa Controltec, que usa la marca Biocontrol", según la instructora.
Así, elaboró un documento de autocontrol en abril de 2019, "después de que Magrudis supiera de la existencia" de la bacteria Listeria Monocytogenes "en sus productos".
"Si bien el documento puede que contenga algunas deficiencias, ello no implica que deba responder criminalmente de lo ocurrido", matiza la magistrada.
Tras analizar la "conducta" de los dos laboratorios, el juzgado concluye que ninguna incurrió en responsabilidad penal alguna porque "en ningún momento tuvieron capacidad de decisión ni de actuación y no asumieron responsabilidades en la cadena de producción o comercialización".
"Carecieron de capacidad autónoma de decisión y se limitaron a asesorar y a realizar informes técnicos y análisis de productos", agrega.
El dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro llegaron a estar varios meses en prisión provisional y la instructora les atribuye un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia, seis abortos y lesiones "cuyo número exacto aún está por determinar".
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