La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, ha anunciado en Pico Reja (cementerio de San Fernando), uno de los lugares “más simbólicos de lo que representó la represión más sangrienta”, que el Gobierno de la Nación se implicará en los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos que se encuentran en esta fosa común, donde se calcula que hay más de 1.100 personas represaliadas. Lo hará con una aportación económica de 250.000 euros que se sumarán a los ya comprometidos por el Ayuntamiento de Sevilla (680.000 euros), Junta de Andalucía (265.000 euros) y Diputación de Sevilla, con otros 265.000 euros.
Para poder mirar al futuro, tenemos que tener resuelto el pasadoRodeada de familiares que confían en que los trabajos emprendidos por la empresa Aranzadi den sus frutos después de años de silencio y espera, Calvo ha confirmado que, en semanas, llevará al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Memoria Democrática con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere “subir un peldaño más en las obligaciones y garantías” de que se continuará con los trabajos de exhumación. De hecho, ha señalado que la intención del Gobierno es aprobar un plan nacional con recursos públicos.
Familiares como Ángel Rodríguez, de 87 años y que perdió a su padre, trabajador de la Cartuja, con tan sólo dos años y medio, no pueden esperar mucho. “Me preocupa que abandonen este mundo con esa tristeza en el corazón”, ha señalado Calvo en la visita organizada a la fosa de Pico Reja en la que ha estado acompañada del alcalde de la ciudad, Juan Espadas; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otras autoridades.
“En mi casa era un tema tabú”, recuerda Ángel, al que con 14 años un cura lo denunció por comunista al reconocerle que no se sabía los mandamientos. “Le dije no me interesaban porque el quinto era el de No matarás, y a mí a padre lo habían matado”, relata.
“Para poder mirar al futuro, tenemos que tener resuelto el pasado”, ha manifestado Carmen Calvo, que ha defendido la memoria histórica como “algo más que un recuerdo. Es el hilo conductor de la democracia que tenemos”. “Ustedes –ha dicho, señalando a los familiares- se han batido el cobre” por lo que “haremos todos los esfuerzos que se requieran” por la memoria democrática, “que es una política obligatoria de Estado”. “Los que no lo compartan tienen que dar explicaciones”, ha puntualizado en alusión a las fuerzas políticas del arco parlamentario nacional que cuestionan la Ley de Memoria Histórica.
La fosa común de Pico Reja está considerada como una de las de mayor envergadura de todas en las que se está trabajando en el conjunto de España. Según los estudios realizados, podría albergar los restos de 1.103 personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
Los trabajos comenzaron en 2017. Un año después, en 2018, se inició la recogida de muestras de ADN de los familiares de los represaliados de Sevilla capital y provincia, así como de otras provincias españolas e incluso de Francia.
Hasta el momento, los trabajos de la empresa Aranzadi, encargada de la exhumación, están al 20%. Ya han sido localizados más de 900 restos humanos, de los cuales 130 presentan signos de violencia, como orificios de bala. Estos casos han sido puestos ya en conocimiento de la Policía Nacional en virtud de lo recogido en la Ley de Memoria Histórica.
Los historiadores creen que en esta fosa están enterrados miembros de la Corporación municipal de la época, y de la Diputación de Sevilla, incluso hay estudios que apuntan a que, entre las víctimas, podría estar el Padre de la patria andaluza, Blas Infante.
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