La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, continúa "trabajando en la tramitación del proyecto minero de Aznalcóllar velando por el cumplimiento de las garantías ambientales y de seguridad en los procedimientos" y ya ha informado, como órgano sectorial en materia de aguas, "cuantos informes le ha solicitado la Junta de Andalucía, la administración competente del proyecto minero y de su aprobación, para continuar tramitando la evaluación ambiental que condiciona la reapertura de la mina".
Es el Gobierno autonómico, a través de su Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la administración competente en la coordinación e impulso de la política de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las materias de industria, energía y minas, como recoge el artículo 28 de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía.
Al igual que la tramitación ambiental, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encuentra informando de los condicionantes necesarios sobre aprovechamientos del recurso y vertidos para dotarlos de las máximas garantías ambientales y de seguridad en materia de agua, según la legislación vigente.
En relación al aprovechamiento solicitado, la autorización para la concesión de agua se encuentra en tramitación, condicionada a la aplicación por la administración competente de considerar la mina de interés superior, según el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre.
En cuanto a la autorización de vertido que ha sido informada por la Confederación del Guadalquivir, se puede distinguir en ella un doble ámbito. Por un lado, el relativo al vaciado de la corta de Los Frailes, que servirá para poner en marcha la reapertura de la mina, y cuya aprobación queda condicionada al cumplimiento de los parámetros legislativos y a la tramitación ambiental que la Junta debe autorizar.
Y, por otro lado, el referido a la corta de Aznalcóllar, a través de la que se gestiona el pasivo ambiental para mejorar el entorno devastado, también pendiente de su tramitación conjunta dentro de la autorización ambiental en curso.
En este marco, la Confederación del Guadalquivir, como organismo sectorial, tanto en la gestión actual de la mina como en su proyecto de reapertura, ha trabajado intensamente en el último año con la administración competente para agilizar todos los trámites.
En paralelo, el organismo de cuenca también ha atendido las consultas y dudas planteadas por la empresa adjudicataria para orientar, en base a la legislación vigente, los proyectos a presentar por ésta.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es consciente de la importancia social y económica de estos proyectos para el beneficio de los usuarios y del resto de la población. Es por ello que, dentro de las posibilidades que ofrecen los proyectos presentados, ejerce la máxima diligencia en responder, con las mayores garantías legales.
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