Ante el corrimiento de tierras acontecido la madrugada del pasado miércoles en el sector norte de la corta de la mina Cobre las Cruces, explotada por la multinacional canadiense First Quantum en suelos de Guillena, Salteras y Gerena, la Coordinadora provincial de IU en Sevilla ha mostrado la "preocupación" de la organización por la seguridad de los trabajadores del complejo minero y sus puestos de empleo.
Mientras el incidente, sucedido de madrugada, se ha saldado sin consecuencias para las personas y la empresa ha suspendido temporalmente la producción del complejo minero para solucionar las causas del mismo, IU señala que el deslizamiento de tierras "ha sepultado la rampa de investigación del proyecto alternativo para alargar la vida de la mina, por lo que el futuro de la mina puede quedar comprometido".
"Nos preocupan no sólo los puestos de trabajo directos, sino todo lo que supone para las empresas subsidiarias y para la economía local", ha declarado el coordinador provincia de IU, Manuel Lay, quien además recalcaba que su formación va a "reclamar información sobre el impacto medioambiental que supone (el proyecto minero) y si se han cumplido todas las medidas de seguridad".
Y es que en 2016, varios directivos de Cobre las Cruces fueron condenados por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, a cuenta de la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera.
Además, pesa el accidente laboral acontecido en mayo de 2010 con el resultado de un operario fallecido y otros dos heridos graves, al liberar pulpa ácida una válvula de la planta hidrometalúrgica de la mina a consecuencia de la fractura sufrida por una conducción de las instalaciones.
Más recientemente, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por Cobre las Cruces contra el acuerdo del Consejo de Ministros que le imponía una multa de 923.091 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, por daños al dominio público hidráulico de la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas.
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