El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín podría tener que declarar como investigado en el marco de proceso abierto en la Fiscalía Provincial de Sevilla contra las clínicas iDental por el fraude masivo a miles de clientes en toda Andalucía, en su condición de subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios, cargo que ha ocupado hasta hace días antes de ser nombrado delegado de la Zona Franca de Sevilla.
Así ocurrirá si el Ministerio Público decide estimar la solicitud que la Asociación Sevillana de afectados de iDental (ASAI), Marea Blanca de Sevilla y Podemos Andalucía han incluido en la demanda que acaban de presentar.
Viva Sevilla ha tenido acceso al contenido de la misma, y así al listado de los cuatro altos cargos de Salud cuya explicaciones reclaman los demandantes. Estos piden, textualmente, que “se proceda a la identificación de los titulares de los siguientes órganos y se remita al Juzgado de Instrucción para su declaración como investigados por la omisión de poner en conocimiento los hechos presuntamente delictivos relatados”.
Uno de ellos es, justamente, “el titular de la Subdirección de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, de la cual dependen las 8 inspecciones provinciales de Servicios Sanitarios en Andalucía”. Un cargo que ha ocupado Alfredo Sánchez Monteseirín hasta hace días, y que actualmente está vacante a la espera de sustituto. El número dos de la Subdirección, Blas García Vargas-Machuca, es quien ha asumido las competencias en funciones.
Que los demandantes reclamen a la Fiscalía la comparecencia de Monteseirín como investigado no resulta llamativo. No en vano, el exalcalde de Sevilla ha sido el responsable último de las inspecciones sanitarias de la Junta durante los poco más de dos años que han pasado desde que fuera nombrado en el puesto, en febrero de 2016, por Aquilino Alonso, por entonces consejero de Salud.
Por tanto, lo ha sido durante el periodo en el que maduró el escándalo de las irregularidades de iDental, desde marzo de 2017 hasta febrero de este año, fecha en la que la Junta asegura que dio parte a la Fiscalía de las miles de reclamaciones que la cadena de clínicas ya acumulaba.
Periodo de tiempo, igualmente, en el que la cúpula de Salud hizo caso omiso a las advertencias de sus propios inspectores médicos de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de Sevilla, que reclamaron en sucesivos informes el “cierre cautelar” de las clínicas iDental por los “graves perjuicios” que se le estaba ocasionando a los pacientes.
Ésa es justamente la base de la denuncia en la que se solicita la declaración de los cuatro altos cargos. Además de Monteseirín, el escrito insta a llamar al “titular de la Delegación territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y políticas sociales”, María Ángeles Fernández Ferreiro. Precisamente el alto cargo a quien el Colegio de Dentistas de Sevilla remitió una carta alertando sobre lo que estaba sucediendo con iDental, y cuyo contenido desveló este jueves Viva Sevilla.
Comisión
Los otros dos responsables de Salud apelados son “el secretario general de la Delegación territorial de la Consejería de Salud en Sevilla” (Antonio Serrano), y el “director de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de Sevilla” (Fernando Marín Puerto).
La propia consejera de Salud, Marina Álvarez, trató de defender la gestión del caso iDental por parte de la Junta. En la comisión de Salud celebrada en el Parlamento, Álvarez dijo haber actuado “en tiempo y forma” contra las clínicas, y además acusó a Podemos e IU de “populismo” por sus críticas y su defensa de los afectados.
¿Por qué no se verificó la clínica de Nervión?
Por otro lado, la consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez, no aclaró este jueves por qué no ordenó a sus inspectores verificar in situ que la clínica iDental cuya apertura autorizó en Nervión en 2015 había subsanado las irregularidades detectadas en sus instalaciones, las cuales habían motivado un primer informe desfavorable respecto a su apertura.
En el transcurso de la comisión de Salud celebrada en el Parlamento autonómico, fue Catalina García (PP-A) quien exigió a la Consejería que explicase “qué pasó hace hace tres años”, cuando “hubo un informe negativo para la clínica de Sevilla y pese a ello se abrió”, en alusión al dictamen cuyo contenido hizo público Viva Sevilla el pasado miércoles.
Al respecto, Álvarez se limitó a contestar que iDental “aportó” entonces toda la documentación que faltaba y que le había sido requerida a través de dicho informe, y que por ello “se autorizó” finalmente su apertura.
La consejera evitó así explicar por qué no ordenó a la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de Sevilla volver a visitar la clínica para comprobar si, además de las irregularidades documentales detectadas, también las físicas (deficiencias en las instalaciones, como el presunto laboratorio ilegal de prótesis que se pretendía montar, según el informe de los inspectores) habían sido subsanadas. Salud no lo verificó y dio, por tanto, como buena la palabra de iDental.
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