El delegado territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel Girela, ha defendido este viernes que el actual marco legislativo ha dejado "obsoleto" el convenio firmado en 1991 entre la Junta de Andalucía y la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos para la gestión del monasterio de San Isidoro del Campo, fundado en 1301 en Santiponce (Sevilla), declarado bien de interés cultural (BIC) y propiedad de la citada institución nobiliaria.
Mediante dicho convenio, la Junta de Andalucía goza de la gestión de la totalidad del recinto a excepción del panteón familiar y el claustro de los Evangelistas, de uso privativo por parte de la Casa Álvarez de Toledo y Mencos como titular de este monumento.
Merced a convenio, la Junta de Andalucía acometió la rehabilitación del sector del monasterio correspondiente al claustro de los Muertos y la capilla del Cristo de Torrijos, visitables a día de hoy y donde en agosto de 2016 se perpetraba el conocido robo de dos paños de azulejos del siglo XVI obra del ceramista Nicoloso Pisano. Aquel expolio, por cierto, sigue sin resolver y las piezas no han sido recuperadas
El sector del monasterio correspondiente al claustro grande, la torre barroca, las caballerizas, la almazara o la fachada neoclásica, no obstante, espera así una restauración como la ya acometida en el otro sector del monumento, para el que los colectivos culturales de Santiponce reclaman más promoción y recursos públicos. Y es que aunque este enclave histórico mezcla el estilo mudéjar, el gótico y el barroco, constituyendo toda una joya patrimonial, no goza de suficiente proyección en materia cultural y turística.
Es más, los agentes políticos y sociales de Santiponce se han unido en una "mesa de trabajo", para reclamar a las administraciones mayores recursos, promoción y proyección para este monumento aquejado además en los últimos tiempos de los efectos de la austeridad.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL
En ese sentido, y en rueda de prensa, José Manuel Girela ha defendido la idea que promueve su departamento, para desligarse del mencionado convenio de gestión de 1991. A tal efecto, ha recordado que el monasterio es de titularidad privada y la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico, en vigor desde 2007, es decir desde hace diez años, determina que los bienes de interés cultural de naturaleza privada "tienen que ser sostenidos por su propiedad", en este caso la Casa Álvarez de Toledo.
Igualmente, ha invocado Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que según alega, fija una duración general de un máximo de cuatro años para los convenios administrativos, toda vez que el citado convenio de 1991 comprendía una vigencia de 50 años, contemplando además prórrogas. Dicha norma, según esgrime Girela, tendría además carácter retroactivo.
"La legislación actual ha pasado por encima del convenio, que está ya obsoleto, y nos obliga a reformarlo", ha incidido, exponiendo que "por Ley", la Administración andaluza tiene que "cumplir los criterios de sostenibilidad presupuestaria y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos".
Girela responde así a las fuertes críticas procedentes del PP, IU y los colectivos de Santiponce, que lamentan que tras las inversiones autonómicas acometidas en el enclave, la Junta esté dispuesta a desligarse del mismo.
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