El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha valorado la reunión celebrada entre el Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas y diferentes ayuntamientos, respecto al conflicto desencadenado entre el sector del taxi y los conductores y empresas de vehículos con licencia de transporte concertado (VTC). Al respecto, ha llamado a materializar "pronto" los compromisos adoptados.
En el marco de dicha reunión, según Espadas, el Ministerio de Fomento habría adoptado diferentes compromisos frente a este "problema de escala nacional", que se refleja en Sevilla pero es "infinitamente mayor" en Barcelona o Madrid. Y es que según expone, de un lado la actual normativa establece una relación de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, pero dicha correlación no estaría siendo aplicada a día de hoy, fruto de la desregulación del sector o "vacío legal" del periodo comprendido entre 2009 y 2013.
Los recursos judiciales promovidas por las empresas de VTC entre 2009 y 2013 frente a la anterior denegación de sus solicitudes de licencia, según Espadas, estaría motivando que dichas empresas estén "ganando en los tribunales" la concesión de las licencias solicitadas hace años y no autorizadas. Fruto de dichos litigios, el sector de los VTC habría logrado unas 3.225 licencias por vía judicial, a las que se espera se añadan miles más próximamente, en función de que se vayan resolviendo más litigios judiciales.
Así, ha expuesto que en el caso de Sevilla, la relación entre los VTC y los taxis sería en principio de uno a cuatro, con lo que "se incumple directamente la norma", mientras en Málaga la correlación ya es de "uno a uno". Con esta situación, Espadas comprende que los taxistas vean "amenazado su negocio".
"FENÓMENOS ESPECULATIVOS"
Pero Espadas avisa de que más allá de solucionar el asunto relativo al número de licencia de VTC y evitar "fenómenos especulativos" con las mismas, pues la idea sería que las licencias obtenidas fuesen destinadas a su explotación y no a su comercialización, el Ministerio de Fomento debe promover las "regulaciones" y "desarrollos reglamentarios" necesarios para "evitar situaciones de conflicto" de competencias entre los VTC y los taxi.
Señalando las situaciones en las que los conductores de VTC incurren en "invasiones" respecto a las competencias del taxi, Espadas recuerda que los VTC están regidos por una normativa que ciñe sus servicios a la concertación previa "con contrato, suficiente antelación y un tiempo de respuesta estipulado", mientras la "captación espontánea" de clientes en plena vía pública está "reservada" al sector del taxi.
"El Ministerio asume que tiene que modificar la regulación y hacer el desarrollo reglamentario que marca la norma para evitar situaciones de conflicto", ha resumido, exponiendo que gracias a ello, la Policía Local contará con "más instrumentos", para sus labores de inspección y control. "El Ministerio tiene que asumir estas cosas y hacerlo pronto", ha dicho respecto a la "recuperación" de la ratio de una VTC por cada 30 taxis y la clarificación del ámbito de cada uno de estos servicios.
LAS DETENCIONES
Espadas también se ha pronunciado respecto a la detención de dos taxistas más como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, de amenazas y de coacciones, en el marco de la investigación promovida por la Policía Nacional por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense, cuya parada estaría supuestamente acaparada por un grupo concreto de taxistas.
Mientras la investigación suma ya 30 taxistas investigados, cinco de los cuales han llegado a ser detenidos y puestos en libertad con cargos, y el registro de la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, una de las dos principales organizaciones gremiales del sector del taxi de Sevilla, Espadas ha apostado por esperar "a que concluyan" las pesquisas y "se delimiten las responsabilidades".
"A partir de ahí, el Ayuntamiento puede actuar por la vía de las licencias (de taxi) que tienen esos profesionales", ha dicho abogando no obstante por respetar la investigación y el principio de presunción de inocencia.
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