La comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Sevilla sobre los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, investigada por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, aborda este jueves una nueva reunión con el objetivo de fijar un calendario para el desarrollo de las conclusiones.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, en esta reunión, que se desarrollará a puerta cerrada, los representantes de los diferentes partidos en la comisión analizarán el método de elaboración de las conclusiones y definirán un calendario.
Este encuentro se produce después de que haya culminado la ronda de comparecencias prevista, a la que fueron convocadas unas cien personas, entre funcionarios, personal municipal, empresarios y políticos. En este sentido, cabe recordar que se contemplaba en un primer momento analizar, tras su finalización, una nueva ronda de comparecientes si se consideraba necesario, algo que en principio no parece probable, ya que los partidos no contemplan mayoritariamente presentar nuevos listados.
La comisión se constituía oficialmente el día 2 de diciembre, aunque no era hasta principios de enero cuando se abordaba las peticiones de documentación por parte de los grupos, que llegaban hasta los 450 expedientes. Tras ello, el día 1 de marzo arrancaban las primeras comparecencias, que se extendían hasta el 22 de abril, con las citaciones de los exalcaldes Juan Ignacio Zoido (PP) y Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), o el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), quien no acudió finalmente.
También estaban convocados, los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo, José Antonio González Baro, Ángel Manuel Macedo, Juan Andrés Bruguera, Pilar Baró Álvarez o Jesús Torres Gómez, así como el exdirector municipal de Vía Pública y ex asesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, el funcionario municipal Francisco Amores, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal de IU-CA José Manuel García, José Enrique Castro como jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el funcionario Francisco Luis Huertas, el miembro de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona, el exconcejal de Urbanismo Maximiliano Vílchez (PP), el expresidente del PP de Sevilla José Luis Sanz o el exsecretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera.
EL CASO
Esta comisión aborda los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo. La investigación, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el entonces concejal de IU-CA José Manuel García o el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo.
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
A LA AUDIENCIA NACIONAL
Aunque la investigación arrancó desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla de la mano de la juez Mercedes Alaya, entonces titular de dicha instancia, la Audiencia Nacional asumió finalmente el caso al abarcar las diligencias diferentes provincias.
Dado que la investigación judicial comenzó precisamente por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo, y a tenor de las relaciones contractuales entre ambas partes, el pleno del Ayuntamiento hispalense acordó en septiembre, a instancias de C's y por unanimidad, crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a esta empresa y su grupo.
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