Los cinco miembros de un clan familiar rumano para quienes la Fiscalía de Sevilla pide penas de entre 4 y 46 años de cárcel por introducir en España con falsas ofertas de trabajo a personas que vivían en la indigencia en Rumanía para luego esclavizarlas en una vivienda de Olivares han negado este martes los hechos.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público imputa a los acusados delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de prácticas análogas a la servidumbre, detención ilegal e intimidación a denunciante, de manera que pide 46 años de prisión para S.M.; 45 años y medio para I.S.; 41 años para R.M.; 32 años para I.R., y 4 años para I.M..
Durante la celebración del juicio este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, los cinco imputados han asegurado que alojaron a las tres víctimas en su vivienda de Olivares porque las mismas estaban buscando trabajo, de manera que mientras encontraban empleo dejaron que se alojaran en dicho inmueble.
Los acusados, que han aseverado que ofrecían comida a diario a los perjudicados sin pedirles nada a cambio, han negado haberles amenazado y también que les obligaran a robar naranjas, añadiendo además que fueron las propias víctimas las que reclamaron a los imputados hasta 15.000 euros a cambio de retirar la denuncia.
Las tres víctimas no han prestado declaración en la vista oral al no haber podido ser localizadas.
LOS HECHOS
La Fiscalía relata que fue en diciembre de 2014 cuando los acusados, "integrados o vinculados al clan familiar rumano 'Muti', se concertaron para persuadir" a ciudadanos rumanos en situación de indigencia para desplazarse desde Rumanía a España "bajo la falsa apariencia de un contrato de trabajo en el que a cambio de prestaciones laborales en el ámbito de la recolección frutícola percibirían un salario equivalente a unos 700 euros".
No obstante, el objetivo de los acusados era "sujetarles a una situación de sometimiento para la realización de actividades ilegales de sustracción de frutas, de aprovechamiento y reciclado de material sustraído, realización de actividades domésticas penosas, y en general sometidos a la inexcusable obligación de realizar cuantas actividades se les encomendasen, bajo el señorío y mandato" de los acusados, "y por completo sometidos a su voluntad".
El grupo estaba formado por una persona que actuaba como captadora de dichas personas en Rumanía, que no ha sido identificada, y por I.S., quien, estando en Rumanía, se encargaría de trasladar en autobús a las víctimas a Sevilla, "requisándoles en su caso la documentación personal durante el trayecto a fin de dificultar que pudieran retractarse de su decisión inicial, conduciéndoles a su destino final, equivalente a la esclavitud".
El 'cabecilla' del grupo era S.M., quien recogía en Sevilla a las personas que habían sido "engañadas" y las trasladaba a la vivienda familiar en Olivares, mientras que I.R. y R.M. se encargaban de vigilar a estas personas.
INSTARON A LAS VÍCTIMAS A ROBAR NARANJAS
La Fiscalía relata el caso de tres víctimas, una de las cuales dormía en una estación de tren de una ciudad rumana y que podría padecer una minusvalía psíquica y física, que aceptaron la oferta de empleo planteada por los acusados y que fueron trasladados a la casa de Olivares en la segunda semana de diciembre de 2014.
Cuando llegaron, solicitaron la devolución de sus respectivas tarjetas de identidad, pero los acusados "les manifestaron que no se las devolverían hasta que pasen tres meses y hubieran saldado la deuda que habían contraído por los gastos del viaje", explicándoles que iban a trabajar en el campo en la recogida de naranjas y mandarinas, "y que entre sus deberes se incluía además robar naranjas".
Además, los acusados explicaron a las víctimas que su horario sería de 7,00 a 15,00 horas de lunes a sábado, con media hora para comer, y que en vez de los 700 euros que habían hablado cobrarían 500 euros.
Durante su estancia en la vivienda, dos de las víctimas fueron alojadas en la misma habitación, compartiendo cama, "sin apenas muebles, en condiciones infrahumanas, ya que la habitación estaba separada del resto de la casa, ubicada en un patio que carecía de ventanas, sometidos a las inclemencias de bajas temperaturas propias de la segunda quincena de diciembre, siéndoles proporcionadas sábanas como única ropa de cama", mientras que la tercera víctima compartía dormitorio con uno de los imputados y dormía en un colchón en el suelo.
UNA COMIDA AL DÍA
Las víctimas, "jamás hicieron el trabajo para el que aparentemente habían sido contratadas; por el contrario, se vieron obligadas a sustraer naranjas, viéndose en la necesidad de acceder a lo que se les exigía por temor a una paliza si se negaban", mientras que en alguna ocasión les pusieron a pelar cables previamente robados para quitar el cobre.
Además, y según dice la Fiscalía, "solo les daban una comida al día, que consistía en sobras y desechos de las comidas" de los imputados, a lo que se suma que no podían salir de la vivienda ni llamar por teléfono y que "les conminaban con pegarles una paliza si intentaban escapar y les mentían diciendo que si se iban de la vivienda la Policía iría a por ellos y los encerraría en la cárcel".
En estas condiciones permanecieron hasta la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 2014, cuando dos de las víctimas "aprovecharon el estado de borrachera de los moradores de la casa, que se divertían haciendo cantar y bailar" a la tercera víctima "a modo de bufón", para abandonar la vivienda y huir a pie hasta Sevilla, donde fueron localizados por la Policía Nacional en la calle San Pablo.
AMENAZAS
Así, le explicaron lo sucedido a la Policía, que se desplazó hasta la vivienda de Olivares y rescató a la tercera víctima. Dos de los acusados ingresaron en prisión provisional.
El 2 de enero de 2015, y tras comer en un bar concertado para su manutención, las tres víctimas regresaban al hostal donde pernoctaban cuando se encontraron con uno de los acusados, que les conminó diciendo que era el hermano de unos de los imputados que había ingresado en prisión y que tenían que quitar la denuncia, pues en caso contrario les mataría tanto a ellos como a sus familias.
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