Dentro de cinco días empieza a correr oficialmente el reloj político para la cita con las elecciones municipales del 24 de mayo, ya a tan sólo veinte días vista, por lo que a falta de un Pleno municipal extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad, el Pleno ordinario celebrado el pasado martes tuvo todo el ambiente de la despedida del mandato en que Zoido logró la mayoría más absoluta –veinte concejales- de un alcalde en la historia de la Democracia en Sevilla.
En ese último Pleno se acabó tratando sobre el mismo tema con el que Zoido inició su trayectoria como alcalde: la segunda tienda de Ikea, proyectada por la multinacional sueca en los terrenos de San Nicolás Oeste, sitos en el entorno del aeropuerto.
Con la fuerza moral y política de su arrolladora victoria en las urnas hace cuatro años, Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo resolver poco menos que en un santiamén los problemas pendientes de la ciudad y, especialmente, los grandes proyectos que tenían un componente urbanístico, como el de la tienda de Ikea.
Por eso, de forma temeraria, anunció que en dos meses iba a desbloquear el proyecto de la multinacional nórdica, un bloqueo que achacaba a las disputas internas que hasta entonces habrían mantenido el PSOE e IU durante los últimos gobiernos de la coalición capitaneada por Monteseirín y Torrijos.
Sin visión técnica
Fue un craso error por su parte, a consecuencia de un gran desconocimiento del urbanismo y del derecho urbanístico, parcelas fundamentalmente técnicas y sometidas a procedimientos reglados y de lenta tramitación administrativa que no pueden acelerarse introduciendo un reactivo de tipo político.
El urbanismo tiene sus tiempos, máxime en un sistema jurídico garantista como el nuestro, que obliga a someter a información pública cada fase, en línea con el derecho a la participación ciudadana reconocido por nuestra Constitución y que, por la crisis del sistema, los partidos políticos se esfuerzan ahora en incentivar mucho más que antes. Ninguna fuerza osaría cuestionar los procedimientos establecidos.
Por eso resulta aún más sorprendente el desconocimiento mostrado por Zoido sobre el área más esencial de la administración local, que se expresa y desarrolla a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento, calificado como “la Biblia de la ciudad”, marca y condiciona todo lo que se puede hacer -y no hacer- en la urbe durante su periodo de vigencia.
Esta subestimación del urbanismo no ha sido exclusiva de Zoido, sino proverbial en el PP de Sevilla, como ya demostró Soledad Becerril al dejarlo en manos del PA de Rojas Marcos cuando gobernó en coalición con los andalucistas, que se vieron teniendo entre las manos el gran instrumento de poder municipal.
Zoido, pese a provenir del mundo jurídico, haber sido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía y líder de la oposición municipal en los cuatro años previos, no pareció aprender de la etapa de Soledad Becerril, mantuvo una visión meramente política del urbanismo -como si las cuestiones en esta parcela pudieran acelerarse o ralentizarse por el designio de los gobernantes- y nombró delegado y gerente de Urbanismo a Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, respectivamente, dos personas con buena voluntad pero ajenas por completo a este mundo.
El peor momento
Además, desembarcaron en las caracolas de la Cartuja en una de sus peores por no decir la peor época reciente. El estallido de la crisis inmobiliaria, con el hundimiento de los ingresos por licencias de obra ante la casi nula actividad constructora, había dejado bajo mínimos las arcas de la Gerencia, ya esquilmadas por la dupla Monteseirín/Marchena, que hasta se gastó el dinero del PGOU para los nuevos desarrollos urbanísticos en obras faraónicas como las Setas de la Encarnación (140 millones de euros).
Por ende, las imputaciones judiciales de la juez Alaya en las diversas ramas del caso Mercasevilla, entre ellas la venta de los suelos a una filial de Sando, causaron un miedo cerval entre los técnicos de Urbanismo a sobrepasar cualquier límite a la hora de mover papeles en el departamento, con lo que se extremaron aún más las exigencias de documentos y el agotamiento de los plazos, sin que dos neófitos como Vílchez y Leopoldo tuvieran la capacidad y los conocimientos precisos para cambiar la dinámica de funcionamiento de la Gerencia.
Frente al optimista anuncio de Zoido en 2011 de que él iba a desbloquear en dos meses el proyecto de Ikea gracias a la existencia de un gobierno local con mayoría absoluta que no tuviera que hacer concesiones a un socio de coalición, como había venido ocurriendo en la ciudad desde hacía veinte años, pronto empezó a imponerse la cruda realidad técnica del urbanismo, mucho más compleja en sus normas, plazos y garantías legales.
Junga por desbrozar
En realidad, el proyecto de Ikea era como una jungla que había que desbrozar a machetazos para avanzar. El alcalde descubrió que la multinacional sueca pretendía dar un pelotazo a la vieja usanza, con una recalificación urbanística a la carta y gracias a la cual, con un exceso de edificabilidad de 41.00 m2 en números redondos, construir un cinturón de tiendas alrededor de la suya como gancho y con cuyas rentas financiar de forma gratuita su segundo proyecto en Sevilla.
Por los terrenos de San Nicolás Oeste cruzaba una vía pecuaria que había que deslindar primero y desafectar después (los problemas de recalificar como urbanos unos suelos rústicos de toda la vida), con todo lo que ello implicaba de informes, exposiciones públicas, alegaciones, procesos de aprobación administrativa, publicación en boletines oficiales...
La propia normativa urbanística imponía sucesivas aprobaciones del preceptivo Plan Parcial, con aportación a los expedientes de los informes sectoriales y alegaciones también de organismos oficiales, alguno de los cuales (Dirección General de Carreteras) fue incluso negativo para los intereses del Ayuntamiento.
Y como guinda del pastel, la supeditación del proyecto a su conexión con una vía rápida de comunicación, la SE-35, pintada sobre una zona verde cual era el parque del Tamarguillo, financiado con fondos europeos, razón por la que Bruselas abrió un dictamen motivado al Gobierno de España, máxime tras el precedente del derribo de la biblioteca de la Universidad por haberse erigido sobre los jardines del Prado.
Y sigue
La resolución de toda esta maraña administrativa y urbanística, en la que estaban implicados también el Gobierno de la nación y la Unión Europea y no sólo la Junta de Andalucía, sobre la que siempre ha puesto el foco el Ayuntamiento, le ha ocupado a Zoido los cuatro años de este mandato. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, ni mucho menos, porque se estima que todavía le pueden quedar un par de años de trámites urbanísticos (por ejemplo, los proyectos de reparcelación y urbanización), y de otro tipo para la construcción de la conexión alternativa a la SE-35.
El caso de Ikea sería extrapolable a muchos otros proyectos de índole urbanística que el alcalde pensaba se desbloquearían o activarían, según los casos, por la simple formulación de un designio político del gobierno municipal, como si los procedimientos reglados pudieran desvanecerse de la noche a la mañana: la Gavidia, Altadis, Sevilla Park, el Caixaforum en las Atarazanas, el complejo comercial de Decathlon en la isla de la Cartuja, el museo de las Tradiciones junto a la Torre de la Plata, el Paseo de las Artes en Torneo, la Ciudad de la Justicia en el Prado, un nuevo puente en la Cartuja, un nuevo parking al margen del PGOU en la Alameda y en las naves de la calle Becas....
Se comprende, pues, que por el desgaste sufrido durante estos cuatro años, Maximiliano Vílchez, que reconoció que se planteó su dimisión, no repita en la lista de Zoido para las próximas elecciones municipales: de él han dependido las dos áreas en las que el alcalde ha sufrido más sinsabores, el urbanismo y (polémicas por los arboricidios y las podas de árboles a mansalva) y el medio ambiente.
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