Dos forenses han asegurado hoy en un juicio en la Audiencia de Sevilla que un indigente muerto en Utrera (Sevilla) perdió un litro de sangre por una herida abdominal y que le dieron golpes que le provocaron la pérdida de tres dientes y la fractura de seis costillas, de lo que están acusados dos jóvenes.
Los dos forenses que le hicieron la autopsia al cadáver han reiterado que el indigente tenía golpes por todo el cuerpo incompatibles con una caída, y han destacado la "violencia" que presentaba el cuerpo.
El hombre murió el 18 de junio de 2013 mientras le curaban en un centro sanitario de Utrera de una herida en el labio superior que era tan profunda que permitía ver el hueso maxilar, momento en el que sufrió una parada cardíaca.
La autopsia posterior determinó que el indigente había muerto por la herida que tenía en el intestino delgado, que le provocó la pérdida "masiva" de sangre -una quinta parte de la que tiene un cuerpo humano-, y una peritonitis.
Los forenses han asegurado que esa herida mortal no habría sido visible aunque el hombre, que medía 1,68 y pesaba 45 kilos, hubiera sido atendido un día antes, a lo que se negó tras sufrir la agresión.
La forense que levantó el cadáver, por su parte, ha confirmado los numerosos cardenales y arañazos que tenía el cadáver en la cara, el tórax, los hombros, las manos, las rodillas y el pie derecho, y ha concluido que la causa de la muerte fue por los traumatismos y no por una o varias caídas.
Durante su testimonio, seguido con evidente interés por los dos acusados, la juez ha mostrado un palo de más de un metro de largo que se habría empleado para la agresión y que se encontró en las inmediaciones de la caseta de bombeo de agua en la que se refugiaba la víctima.
Los tres médicos han rechazado que la muerte se hubiera podido provocar por dos pedradas, que ha sido lo que ha admitido uno de los acusados que le propinó, aunque dijo que lo hizo en defensa propia porque el indigente le golpeaba con un palo.
En el juicio, que continuará toda la semana y se celebra con jurado popular, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para cada acusado por un delito de asesinato, mientras que sus defensas solicitan la absolución porque uno alega que se limitó a defenderse y el otro asegura que no estuvo en el lugar de los hechos.
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