La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que "dote al Área de Asuntos Sociales de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos que se producen en la tramitación y resolución de los informes de arraigo social que son solicitados por parte de la ciudadanía", en concreto por los inmigrantes.
Se trata de una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recogida por Europa Press, que aborda "la queja de una persona que había solicitado el informe de arraigo social a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla", dado que "el retraso en poder contar con este requisito le estaba provocando dificultades a la hora de acreditar su situación legal".
El departamento de Maeztu, en esta tesitura, reclamó información al Ayuntamiento de Sevilla para esclarecer "si se estaban dando dilaciones en la tramitación y expedición" del informe de arraigo solicitado por esta mujer llamada Maribel. El Consistorio hispalense, en ese sentido, contestó que en 2014, esta mujer "volvió a solicitar el informe de inserción social", en julio comenzó el correspondiente "estudio social" y aunque se le citó para el 30 de julio y ella habría confirmado su asistencia a la entrevista, "no acudió a la cita", siendo citada después para el 6 de agosto con el mismo resultado.
"MESES DE ESPERA"
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en ese sentido, expone que la solicitud de informe de arraigo de esta mujer tiene "sello de entrada de registro del ayuntamiento el 17 de diciembre de 2013", con lo que "la interesada tuvo que esperar hasta el mes de julio, más de seis meses desde su petición, para que contactasen con ella por teléfono para citarla el 30 de julio de 2014, con objeto de comenzar las entrevistas para el procedimiento de estudio de la situación sociofamiliar y realizar en fecha posterior el citado informe, lo que añadiría aún algunos meses más de espera".
"Es totalmente cierto que la interesada no acudió a la cita, pues la señora que le ofertó el trabajo que le posibilitaba regularizar su situación y que motivó que iniciara las gestiones para el informe de arraigo no pudo esperarla durante más tiempo, concretamente más de siete meses que transcurrieron para ser citada, con lo que ya no tenía sentido informe alguno", señala la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.
A tal efecto, el departamento de Maeztu pide al Ayuntamiento "dotar al Área de Asuntos Sociales de los medios suficientes que permitan evitar los retrasos que se producen en la tramitación y resolución de los informes de arraigo social que son solicitados por parte de la ciudadanía".
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