La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, ha culpado a la Junta de Andalucía de "dar la competencia al Ayuntamiento sin la financiación necesaria para contratar al personal", en referencia a la petición realizada por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, al Ayuntamiento de que "dote al Área de Asuntos Sociales de los medios suficientes para evitar los retrasos que se producen en la tramitación de los informes de arraigo social solicitados por la ciudadanía", en concreto por los inmigrantes.
En este sentido, De Pablo-Blanco ha señalado a Europa Press que la subvención para contratar el refuerzo a la atención a los inmigrantes "ha sido reducida por la Junta de Andalucía de 130.000 euros en 2011 a 39.000 euros en 2014", añadiendo que antes financiaban cinco trabajadores y ahora "sólo uno".
"Además este es uno de los programas afectados por el cerrojazo de la Junta a 31 de octubre, un programa que la Administración regional aún no ha resuelto ni ha emitido resolución para 2015", asegura, anadliendo que, sin resolver, "sorprende que el Defensor no se haya preocupado de oficio de las consecuencias del parón y del recorte consolidado desde el 2012".
Insiste en que el Ayuntamiento "apuesta" por los servicios sociales, a los que ha venido dotando de "más presupuesto, servicios y personal". "Las citas y atención en los centros de servicios sociales se ha logrado reducir de cuatro meses en 2011 a dos meses en estos dos últimos años, salvo casos urgentes que se tramitan prácticamente sobre la marcha, siempre bajo los criterios de los técnicos de los servicios sociales, por lo que en ningún momento la población está desatendida", concluye.
Igualmente, hace referencia a la carta remitida al Defensor el 5 de febrero , en la que asegura que "compartimos su inquietud, dadas las dificultades para la asunción de las competencias", mencionando que "no se acompañó de la financiación suficiente de la Administración autonómica para su ejecución".
"Lejos de ello, se ha venido reduciendo, año tras año, la subvención recibida por este Ayuntamiento para la ejecución del Programa de Atención a la población inmigrante, única financiación que se recibe para atender a la población inmigrante", recalca.
Afirma que estos fondos se destina a fines normalizadores e integradores, fomentar su acceso a las diferentes prestaciones del Sistema de Protección Social, mantener un conocimiento permanente de la citada población que accede a los servicios sociales, analizar y estudiar los procesos de integración, incluyendo la perspectiva de género, así como realizar intervenciones más personalizadas y específicas a las características y peculiaridades de este sector y promover la participación social y la integración, facilitar su acceso a las distintas prestaciones y promover su participación.
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