La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha manifestado este miércoles que el levantamiento del plan de ajuste promovido por el Gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP) prueba que el mismo era "innecesario", avisando de que las políticas de austeridad han elevado a casi 800 las plazas vacantes en la plantilla municipal, entre otras cosas.
Recordemos que en 2012, el Ayuntamiento aprobó adherirse a los reales decretos Ley 4/2012 y 7/2012, que habilitaban vías de endeudamiento al objeto de que las administraciones pudiesen concertar préstamos para saldar deudas con sus proveedores, aunque a cambio de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones a través de planes de ajuste, es decir de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones.
Así, el Ayuntamiento promovió un plan de ajuste para acceder a dos préstamos por valor de más de 59 millones de euros, a satisfacer en diez años y con intereses por valor de casi 22 millones de euros. Con los citados 59 millones de euros, eso sí, el Ayuntamiento saldó con 624 empresas acreedoras deudas por similar importe.
Su plan de ajuste, en paralelo, contemplaba medidas como un incremento lineal y anual del tres por ciento en tasas y precios públicos, la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas, una reducción salarial del cinco por ciento en las empresas municipales de transporte y limpieza y sobre el personal laboral del Instituto de Deportes, o la disolución de las sociedades municipales 'DeSevilla Giralda TV' y Sevilla Global. También figuraba la supresión de la bonificación correspondiente a la domiciliación bancaria de los pagos, entre otras muchas medidas.
Hace pocos días, no obstante, el Ayuntamiento aprobaba la "refinanciación" de estos préstamos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial, pues un decreto Ley estatal del pasado mes de julio permite a los ayuntamientos la refinanciación de estos préstamos "siempre que puedan acceder a condiciones más asequibles en los mercados y cumplen una serie de requisitos y condiciones". Los préstamos en cuestión son refinanciados con el banco Santander; el BBVA; Caja Rural del Sur y La Caixa, una medida paralela al levantamiento del plan de ajuste dada la mejoría de las cuentas del Consistorio, según el Gobierno local del PP.
Para CCOO, esta consecución de acontecimientos prueba que el plan de ajuste "era innecesario", resumiendo que el mismo contenía "medidas que suponían un ahorro de 200 millones de euros, de los cuales los bancos se han llevado 12 millones". Como consecuencia del plan de ajuste, según CCOO, "no se han cubierto más de 300 vacantes de la anterior Corporación y más 450 de esta nueva", con lo que la plantilla del Ayuntamiento sufre "cerca de 800 vacantes" con un ahorro anual de 18 millones de euros en nóminas y costes sociales de estos puestos de trabajo.
El Ayuntamiento, en ese sentido, está sometido como el resto de administraciones a la tasa cero de reposición de efectivos que estipula la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para todos los servicios salvo los declarados como esenciales, si bien los sindicatos han criticado siempre que el Gobierno local aplica una aplicación más exhaustiva de lo necesaria de este precepto.
"Se han dejado de prestar servicios especiales por el recorte en complementos de dedicación, afectando a los servicios de Inspección de Consumo y Medio Ambiente, el Zoosanitario o la Policía Local", se queja CCOO, según la cual "en servicios sociales ha habido una reducción considerable del servicio, porque en la mayoría de los programas se ha reducido jornada, personal y algunos incluso han desaparecido".
El sindicato, en concreto, dice que 96 empleados de este área han visto reducidas sus jornadas, diez puestos "han sido eliminados y un programa se ha dejado de prestar", toda vez que "es imposible ignorar la desaparición de los programa Andalucía Orienta y los talleres de empleo". El Ayuntamiento, por cierto, avisaba recientemente que en los últimos años la Junta le ha desestimado 26 solicitudes de ayudas para talleres de empleo y escuelas taller, extremo que el PSOE liga con la caída de las transferencias estatales a las autonomías para políticas activas de empleo.
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