La ministra de Fomento, la habitualmente eficaz Ana Pastor, fue la invitada-estrella de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia ante los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Ana Pastor dio varios datos esclarecedores en su conferencia de prensa:
-De los 26 millones de viviendas que hay en nuestro país, 15 millones tienen más de 30 años, y casi 6 millones más de medio siglo.
-Cerca del 60% del parque de viviendas se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, ya que la primera data del año 1979, por lo que España está en una posición difícil de cara al cumplimiento de la Estrategia Europea 2020, acordada en el seno de la UE.
-Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, 4 millones todavía carecen de ascensor y un porcentaje muy elevado de casas se encuentra en deficiente estado de conservación.
Programa de ayudas
Ante este panorama, el Ministerio de Fomento proyecta destinar al menos 627 de los 2.241 millones de euros de las futuras actuaciones en materia de vivienda a rehabilitación, regeneración y eficiencia energética de los inmuebles que tengan una antigüedad anterior al año 1981, el 70% de su superficie sea para uso residencial y constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Podrán solicitar las ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y propietarios únicos de edificios.
La cuantía será de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; 2.000 euros para la mejora de eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y 4.000 euros para mejora de accesibilidad.
Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.
Precedente en Sevilla
Este conjunto de medidas que para el conjunto de España ha aprobado el Gobierno de la nación en este mes de abril de 2013 se inspira claramente o tiene un claro antecedente en la medida-estrella del programa electoral del PSOE de Sevilla para las municipales de 2011 y que defendió entonces -y sigue propugnando desde aquella campaña- el senador y portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento sevillano, Juan Espadas.
Si recurrimos a la hemeroteca, podemos rememorar cómo el 14 de abril de 2011 se presentó en el Polígono de San Pablo, seleccionado como proyecto-piloto para la aplicación del Plan en caso de ganar las elecciones, el programa socialista de rehabilitación energética de viviendas que, se dijo durante aquel acto, “recupera el sector de la construcción, crea empleo, soluciona los problemas del arreglo de las viviendas antiguas y mejora la calidad de vida de los ancianos, sobre todo los de la clase trabajadora, con recursos económicos limitados”.
El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas, y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.
Financiación público-privada
El coste de rehabilitar todo el Polígono de San Pablo se estimó en 70 millones de euros (a un promedio de 20.000 euros por piso), con cargo a un sistema de financiación público-privada: el Estado, la Junta y el Ayuntamiento aportarían en conjunto el 55% del capital, y el resto la empresa constructora que resultara ganadora de un concurso público convocado a tal efecto y los vecinos (éstos pagarían una cuota media de 24 euros mensuales durante 20 años). Las obras durarían entre 8 y 10 meses.
La constructora adjudicataria debía comprometerse a contratar a desempleados del barrio y de la ciudad y amortizaría en 20 años el coste de la rehabilitación con cargo al ahorro en la factura de la luz que lograrían los vecinos, así como con contraprestaciones como la gestión de aparcamientos y de locales comerciales por acuerdo con el Ayuntamiento.
La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.
Proyección nacional
El plan socialista, de posible aplicación a toda España, fue elevado por Espadas al Senado el pasado 19 de marzo mediante una moción en la que se abogaba por rehabilitar 400.000 viviendas en todo el país a partir del nonato modelo del sevillano Polígono de San Pablo. Según sus estimaciones, reduciendo la aportación de dinero público y aumentando la de las empresas de suministro de luz y de agua y de los bancos, se podrían generar entre 9.000 y 14.000 millones de euros de actividad económica y crear entre 140.000 y 290.000 empleos.
Durante dos años, el PP ha hecho oídos sordos al PSOE de Sevilla, promotor de esta iniciativa a todos los niveles, hasta que la ministra de Fomento ha presentado un plan que se inspira claramente en esta propuesta innovadora con ‘copyright’ socialista.
Se presupone que tanto el gobierno local de Juan Ignacio Zoido como el PP sevillano apoyarán, ahora sí, la medida aprobada por el Ejecutivo nacional a propuesta de Ana Pastor, una medida que podría haberse aplicado ya en el marco del Pacto por Sevilla o por el Empleo (en el Polígono de San Pablo o en cualquier otro barrio) si el alcalde hubiera tenido la altura de miras de haber hecho también suya esta buena idea emanada de la oposición y que habría colocado a nuestra ciudad, con dos años de adelanto, a la vanguardia de España, contribuyendo a paliar de paso el drama de los 91.000 parados.
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