El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, reclama "un poco más de sensibilidad" a los prácticos que prestan servicio en las instalaciones portuarias hispalenses a fin de alcanzar un acuerdo sobre las tarifas que no "destroce" un negocio de 1.200 millones de euros, que es lo que se mueve anualmente en torno al Puerto. "Si nos ponemos como un puerto muy caro, los barcos dejarán de venir. Como se traslade a la industria mercante que hay problemas para acceder al Puerto de Sevilla, las empresas se buscarán otros puertos y se acaba el negocio, el de los prácticos también".
Como se traslade a la industria mercante que hay problemas para acceder al Puerto de Sevilla, las empresas se buscarán otros puertos y se acaba el negocio, el de los prácticos tambiénAsí lo avisa Carmona en una entrevista en la que llama a "resolver" la situación para "dejar ese grado de incertidumbre" generado el pasado mes de mayo cuando el servicio de practicaje paró para reivindicar una subida de las tarifas de hasta un 40%. Como consecuencia de aquella acción, la APS abrió un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir --con un posible sanción que podría ascender a los tres millones de euros-- por "infracción grave" y presentó una denuncia ante la Fiscalía.
"No podemos estar sometidos a unas exigencias retributivas que sean imposibles de atender", sostiene el presidente de la APS, que reconoce, no obstante, que "todo el mundo, los prácticos también, está haciendo importantes esfuerzos" para alcanzar un "equilibrio" entre el interés del Puerto de que "lleguen más barcos" y el del servicio de practicaje de percibir una mayor retribución por un trabajo "singular" como lo es navegar por los 87 kilómetros de la canal hasta alcanzar los muelles de Sevilla.
Para Rafael Carmona, "las tarifas no pueden elevarse tanto que provoquen que los armadores no traigan sus barcos" a la capital hispalense. "Buscamos un equilibrio para mejorar las retribuciones sin que esto afecte mucho al mercado", abunda, al tiempo que confirma que los prácticos tienen intención de recurrir la decisión del Puerto hispalense de prorrogar la licencia hasta ahora vigente, con las condiciones salariales que rechazan. "Cuando alguien no está de acuerdo con una decisión administrativa, lo razonable es que se pongan recursos y que sea una instancia superior, en este caso un juez, la que dirima", apostilla.
En concreto, el colectivo reclama una subida en las retribuciones de los prácticos del orden del 40%, lo que suponen salarios brutos individuales de en torno a 190.000 euros al año. La Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir es titular de la licencia para la prestación del servicio de practicaje. En esta sociedad, se aglutinan los profesionales para la prestación de dicho servicio --en la actualidad once prácticos más uno en prácticas--, estando en situación de monopolio al ser los únicos profesionales habilitados en el Puerto de Sevilla.
Es por ello por lo que la institución portuaria, "con el asesoramiento de la Abogacía del Estado, ha trasladado a Puertos del Estado las prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que pudieran alterar la libre competencia para que este organismo lo eleve a la Comisión Nacional de la Competencia".
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