Sevilla

Critican que el consejero de Justicia no dé información a los trabajadores de Palmas Altas

En primer lugar se trasladarán a Palmas Altas los 13 juzgados de lo Contencioso y los 4 de lo Mercantil

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Ante los planes de la Junta para el traslado de los jugados de lo Contencioso, Mercantil y Primera Instancia a los edificios A y B del campus de la multicional Abengoa, comprado como sede de la futura Ciudad de la Justicia; CCOO ha señalado este miércoles que la junta de personal de Justicia de Sevilla ha denunciado el "ninguneo" de la Consejería y el Ministerio de Justicia al personal funcionario, por supuesta "falta de información" en tales planes.

Así, el sindicato y la junta de personal de Justicia de Sevilla han manifestado que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública "se ha alineado con el Ministerio en su actitud discriminatoria hacia los funcionarios y funcionarias, incumpliendo el compromiso de informar a las organizaciones sindicales de los avances en el proyecto de la nueva sede de la Ciudad de la Justicia mientras sí lo hace con la junta de jueces, un colectivo minoritario" y con el que se reunía recientemente el consejero del ramo, José Antonio Nieto, después de que el mismo mostrase sus quejas por los planes de traslado.

Como se informaba tiempo atrás, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía licitó hace meses, por 486.514 euros (sin IVA), las obras destinadas a acondicionar el edificio A del recinto de Abengoa, para que acoja despachos, salas de vistas, archivos y servicios complementarios de los primeros juzgados a trasladar al nuevo emplazamiento, al objeto de que el mismo acoja juicios este mismo año.

En concreto, una vez habilitado este edificio A, según los planes de la Consejería, comenzará directamente el traslado allí de los 13 juzgados de lo Contencioso y de los cuatro de lo Mercantil, mientras para 2024 está prevista la mudanza de cuatro órganos de Primera Instancia a este edificio, que en total acogería 21 unidades judiciales; una vez se acometa la adaptación del edificio B, que se licitará próximamente, para que entre ambos acojan todos los juzgados de Primera Instancia.

Tras avisar la junta de jueces de Sevilla de "deficiencias" en tales planes y ver los mismos "inviables", y la reunión concertada al respecto por el consejero, CCOO ve "con perplejidad" dicho encuentro, porque a su entender Nieto "da información de primera mano a un colectivo minoritario, mientras se la niega al mayoritario, constituido precisamente por el personal funcionario, que es de su competencia".

Según el sindicato, la Consejería "niega constantemente las reuniones para aclarar cuestiones fundamentales como el plan de movilidad o la integración de la prevención de riesgos laborales", reclamando que los agentes sociales puedan "recibir información y participar en el proyecto, para adecuarlo a las necesidades de la organización y servicio público de la administración de justicia".

"Mientras unos y unas nos preocupamos sobre la movilidad y la salud laboral y la prevención de riesgos laborales y de otros asuntos que afectan a totalidad de los afectados por el traslado, sin obtener respuesta alguna, otros, ante la duda existencial sobre si sus despachos van a estar a la altura de su magisterio, obtienen inmediata respuesta en una reunión con el máximo representante de la Consejería", han afeado CCOO y la junta de personal de Justicia de Sevilla.

En sus quejas, la junta de jueces señalaba por ejemplo que el espacio previsto para el Juzgado de Primera Instancia número 29 "no cuenta con los cuatro despachos para magistrados/as y las dos salas de vista", "sin que se aclare si el edificio B podrá albergar la totalidad de los juzgado de Primera Instancia con independencia de los previstos en el edificio A".

CCOO y la junta de personal de Justicia de Sevilla han denunciado, además, la situación que atraviesa la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, "que está al borde del colapso, con una plantilla bajo mínimos al haberse reducido a menos de la mitad, pasando en cinco años de 19 efectivos a nueve, cifra que en fechas próximas se va a ver reducida aún más".

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