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Miércoles 17/08/2022  
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Sevilla

Unión Sevillana rechaza que el estudio sobre el taxi "vincule" el servicio con los VTC

Según el presidente del colectivo, el sector "no tiene nada que ver" con el de los VTC, pues de hecho cada uno de ellos se rige por regulaciones diferentes

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  • Taxis.

La Unión Sevillana del Taxi ha criticado que el estudio promovido por el Ayuntamiento hispalense para un "análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi" y de los vehículos de transporte concertado (VTC), así como de "rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la reactivación y potenciación de los taxis", "vincule" el mencionado servicio con el sector de los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabiy.

David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha explicado a Europa Press que del mismo modo que el sector se opone a "la taxificación de los VTC", a los taxistas no les resulta comprensible que el mencionado estudio, licitado recientemente por el Ayuntamiento, "vincule" al sector del taxi con los VTC.

A tal efecto, ha aseverado que el sector de los taxis "no tiene nada que ver" con el de los VTC, pues de hecho cada uno de ellos se rige por regulaciones diferentes, toda vez que el edil de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, defiende de su lado que la idea de dicho estudio es conocer el comportamiento actual de la demanda del servicio del taxi y la evolución previsible para poder llevar a cabo una ordenación, planificación y gestión adecuada a las necesidades de los usuarios y titulares de las licencias.

"Pretendemos conocer la realidad del servicio del taxi tanto desde el punto de vista de los titulares de las licencias, valorando la necesaria rentabilidad y la posibilidad de adecuar el número de licencias, así como desde el punto de vista de los usuarios. Queremos conocer la demanda real y adecuar los servicios a sus necesidades y que éstos se presten con la calidad debida. Otro escenario a analizar es el de los VTC. Dado que en fechas próximas se deberá regular el número de licencias a otorgar para sus servicios, será necesario ordenar y tomar decisiones sobre la convivencia de estos sistemas de transporte, de una forma adecuada a la rentabilidad de los mismos y atención a los usuarios", esgrimía Cabrera.

LA REGULACIÓN

De cualquier modo, David Capelo ha apoyado la idea de un estudio en torno a las "necesidades" y vicisitudes actuales del sector del taxi, pero ha reclamado desligar tal extremo de la actividad de los VTC, avisando de que merced al real decreto Ley de 2018 por el que el Gobierno central traspasaba la gestión y regulación de VTC a las autonomías y ayuntamientos, para que los mismos regulasen las características y condiciones de sus servicios para en cuatro años, limitar el número de estos coches de empresas como Uber y Cabify; en septiembre de este año los VTC quedarán relegados a servicios "interurbanos si la Junta no dicta lo contrario" y con una proporción de un VTC por cada 30 taxis.

Ello, cuando la provincia de Sevilla contabiliza al comenzar este mes de enero 2.349 licencias de taxi y 455 licencias para vehículos de transporte concertado, según el recuento mensual del Ministerio de Transportes recogido por Europa Press, toda vez que en enero de 2020, antes de comenzar la pandemia de coronavirus Covid-19 y la nueva crisis derivada de la misma, con una fuerte incidencia en el sector de la movilidad, el citado registro arrojaba 2.331 autorizaciones para taxi en la provincia y 324 para VTC.

Tiempo atrás, recordémoslo también, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.

Principalmente, el decreto incorpora la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.

En paralelo, la Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.

PETICIÓN A LA JUNTA

Respecto a este último aspecto, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.

Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

En paralelo, los taxistas de Sevilla capital están reclamando la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.

EL RESCATE DE LICENCIAS

En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para "la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda", sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana.

Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales "podría no encontrar justificación" en materia de "interés general", al haber "variado sustancialmente las circunstancias socio económicas" a partir de las cuales fue impulsada dicha política.

En ese sentido, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponía recientemente que se ha "planteado la alternativa" de un procedimiento de tanteo y retracto de las licencias, para lo cual media un proceso destinado a "determinar el valor de las licencias", mediante un estudio actualmente en contratación.

 

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